EL GOBIERNO QUIERE PERDONAR A los delincuentes confesos de las pirámides y de DMG que captaron ilegalmente ahorro del público. Les ofrece, por medio de la Fiscalía y del principio de oportunidad, olvidarse de sus procesos penales.
Esto a condición de que devuelvan el dinero a los estafados, sin preguntar mucho de dónde proviene. Queda la duda si tan generoso tratamiento obedece al temor a los furiosos amigos del dinero fácil, a la necesidad de evitar la pérdida de sus “voticos” o a la mella que los desórdenes callejeros de los codiciosos burlados pudieran hacerle a la seguridad democrática. Lo cierto es el contraproducente mensaje enviado: a veces es necesario cerrar los ojos al delito si ello conviene al interés general. No es ésta la educación pública más virtuosa. Cualquier gobierno medianamente responsable se avergonzaría de la ambigüedad de su mensaje. En lugar de auscultar críticamente el problema de fraude generalizado, lo profundiza con su condescendencia.
Una versión de las motivaciones de lo sucedido ya circula en los medios. La empresa DMG, por vía de uno de sus socios, ha apoyado la campaña de firmas para la segunda reelección presidencial. Así lo reveló la pesquisa de La W sobre la empresa de seguridad que donó el transporte blindado de las firmas ciudadanas. No sabemos qué tanto más aceitó DMG la maquinaria para la reelección. Parece que mucho, en atención a lo duro que se plantó su dueño y al tamaño del salvavidas que le arrojó el Gobierno. Si es cierto que pirámides y DMG lavaban dinero del narcotráfico, como ha venido denunciándose hace tiempo, ¿no deja este hecho sepultada la legitimidad de la segunda reelección? ¿Serán simples coincidencias las cartas del presidente Uribe felicitando a DMG por sus negocios –que conocimos gracias a Noticias Uno–, los devaneos de Jerónimo con David Murcia Guzmán o la visita de éste último al secretario de prensa César Mauricio Velásquez, todo mientras las actividades delictivas de los ahora rescatados transcurrían a espaldas del impoluto gobierno? Dejemos que sea la historia –con la eficiente ayuda de la Fiscalía– la que saque a la luz pública la verdad de los vínculos entre dineros ilícitos y política en nuestra democracia narcotizada.
El país no estaría presenciando los espectáculos de un gobierno dedicado día y noche a explicar que nada tiene que ver con criminales, de no haber olvidado las firmes fronteras que deben separar el interés público del interés privado. Una evidencia clara de que esas fronteras se han borrado en el manejo de los asuntos públicos es el uso selectivo del derecho penal, al albur de los cálculos políticos, todo bajo el manto del “interés general”. Cuando el cumplimiento de la ley se torna en asunto político y el derecho se disuelve en razones de conveniencia –escuchen no más al ex procurador Jaime Bernal Cuéllar y su defensa de DMG–, los derechos y las libertades ciudadanas quedan en el limbo y la corrupción en la República alcanza su cima. El Gobierno olvidó que el Estado debe orientarse por la Constitución, según un patrón normativo de distribución de recompensas y de compensaciones sociales, no por criterios oportunistas y coyunturales. Para cumplir su finalidad, la organización estatal debe maximizar el bien común y evitar patologías o desarrollos equivocados. El errático mensaje gubernamental de “hacerle pasito” a criminales confesos para así “salvar” los dineros de miles de ingenuos o codiciosos, muestra en toda su crudeza las consecuencias del refrán paisa: ¡Haga plata, mijo. Si puede, legalmente. Si no, haga plata, mijo! (Nota: Donde dice “Haga plata” cambiar, según preferencia, por “Tenga poder político”).