El afiche con los cincuenta y dos rostros de quienes atacaron Transmilenio el viernes pasado en Bogotá es revelador.
Salvo una joven, todos son hombres entre los 16 y 26 años de edad, de escasos o medianos recursos económicos y probablemente usuarios de los articulados y las estaciones destruidas. A ojos de las autoridades, se trata de vándalos que actuaron por iniciativa propia o conducidos por otros para fines políticos, y merecen medidas policivas y el peso de la ley. El diagnóstico de hechos y actores es triplemente equivocado. Si se acepta el simplismo de la reacción oficial y mediática ante los hechos, habremos perdido una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la educación media y superior en la capital del país.
El primer error es identificar a los jóvenes propensos a la violencia con quienes destruyen o promueven escándalos por inclinación a hacerlo y sin consideración de los demás. Esta definición de vándalos reduce las motivaciones de los agresores a pulsiones propias de mentes desarraigadas o desviadas, cuando los móviles pueden haber sido diversos y complejos. Un análisis de las razones que tuvieron quienes se han entregado a las autoridades ayudaría a comprender el fenómeno violento con más y mejores argumentos.
La búsqueda de autores intelectuales que habrían conducido interesadamente los desmanes para obtener fines políticos es una reacción especulativa, tendenciosa y facilista. No se trata aquí de impedir la identificación de posibles responsables. Llama la atención la tendencia a politizar situaciones de hecho lesivas de la convivencia democrática, actitud que impide auscultar cuidadosamente por qué han tenido lugar y qué habría que hacer para evitarlas en el futuro. Más cuando una explicación alternativa de los sucesos es concebible: de meros bloqueos estudiantiles por la mañana, gases lacrimógenos para despejar avenidas al mediodía, no es sorprendente la aparición de aguardiente, desesperación y rabia por la tarde. Nada de esto justifica los hechos. Sólo ofrece una explicación alternativa plausible.
El tercer error es responder a la violencia sólo con policía y ley. Aunque tal proceder parece ineludible por las lesiones infligidas y los destrozos ocasionados, el uso de la coerción oficial debe ser una ultima ratio que no exima a las autoridades de un examen a fondo de las causas del resentimiento latente en las ciudades. Lo primero sería reconocer que no se trata de un caso aislado, sino uno que se repite periódicamente a lo largo y ancho del país. Las explosiones de ánimo con vías de hecho reflejan los resultados del tipo de educación impartida en casa y colegios. Por ello sorprende tanto que el gobierno nacional, que tramita una reforma constitucional a la educación superior, no aproveche los sucesos violentos que involucraron directamente a jóvenes para llamar a una reflexión sobre el malestar que cunde y se expande en la juventud, así como sobre las consecuencias de la formación cívica y política ofrecida en las familias, programas e instituciones educativas existentes. ¿Qué pasa con la educación de las emociones morales de los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Qué nos dicen la rabia y el resentimiento que afloran por el efecto desinhibitorio del alcohol? ¿No es la actuación juvenil una respuesta a la ineptitud de padres y profesores para afrontar y resolver los problemas personales y públicos que hacen de la nuestra una de las sociedades más violentas e inequitativas del mundo?