La justicia transicional le apuesta más a la reparación que a la punición: prefiere que los ofensores se sinceren a que terminen tras la rejas.
Avergonzarse y asumir la responsabilidad ante las víctimas y la sociedad por los daños infligidos contribuiría más a la reconciliación que vestir de rayas luego de un azaroso proceso penal. Pero esta solución no resulta fácil para un país donde las apariencias priman sobre la honestidad.
El derecho penal liberal ve con horror avergonzar al criminal. Quiere apartarlo de la sociedad antes que someterlo al escarnio público de admitir abiertamente sus faltas. En contraste, para la justicia transicional acogida en los acuerdos, resulta más conducente restaurar vínculos y sanar heridas con altas dosis de verdad que castigar con privación de la libertad. Si lo buscado es la reconciliación, la sinceridad puede ser más conducente que la sanción punitiva.
Resulta sintomático que algunos sectores afectos al No en el plebiscito prefieran el juicio penal a la reconciliación vía altas dosis de verdad. Sincerarse, contar la verdad y contribuir —dado el caso— al resarcimiento les parece degradante y perverso. Al fin y al cabo, en el proceso penal siempre podrían aducir que se trata de una persecución política. ¿Qué impide a personas naturales y directivos de empresas aceptar que financiaron a paramilitares para poder seguir trabajando sin el asedio de extorsiones y secuestros por la guerrilla? ¿Qué les impide reconocer a algunos que apoyaron la política de tierra arrasada como un mal menor necesario ante el asedio guerrillero? ¿Qué les impide a otros admitir que vieron una oportunidad de inversión en zonas de violencia y desplazamiento, pese al contexto de violencia? Quizá que valoran más el buen nombre que la verdad, arriesgarse que avergonzarse, la ganancia que la reparación real.
Lo cierto es que las Farc no parecen tener problema en asumir la vergüenza de admitir que sus condenas por la comisión de delitos atroces se dictaron sobre una base cierta. Tampoco en aceptar restricciones a la libertad, trabajo social restaurativo y reparación material a las víctimas para reconstruir una vida personal, comunal y política. Otro tanto debería esperarse de los financiadores y promotores del paramilitarismo, no así de quienes fueron sus víctimas. Pero salir del clóset como actor, promotor o beneficiario del conflicto armado es doloroso. Requiere entereza y disposición a la generosidad, algo escaso en nuestro medio.
La satisfacción de los derechos de las víctimas —justicia, verdad, reparación y no repetición— es y será el principal meollo del proceso de paz. De ella depende abandonar una sociedad pacata y arbitraria para transitar a una compasiva, pluralista y democrática. No es tarea fácil cuando las prerrogativas del poder y la precariedad de las instituciones se confabulan para impedir que la equidad y la responsabilidad individual configuren el ethos social, no las estructuras de poder corrupto involucradas en la confrontación armada y que se benefician de su continuación.
Por lo anterior, la Justicia Especial de Paz (JEP) representa más un gran diván de la conciencia que una máquina de persecución inquisitorial. Aconseja que el dolor de la vergüenza venza el miedo a la afectación de buen nombre y patrimonio. Que esto sea así es lo que hace a la JEP tan irreal: busca transformar moralmente la sociedad cuando materialmente tal posibilidad es aún remota. De triunfar el Sí deberemos prepararnos para continuar el debate en el Congreso, como está previsto en los acuerdos, por ahora con las Farc como observadoras con voz pero sin voto.