La revista semana resumió de manera acertada el resultado de las elecciones regionales: aire fresco en ambiente crítico.
Como tal, hubo un puñado de simbólicos triunfos independientes, pero que en últimas, como lo resume la revista, terminaron siendo honrosas excepciones en un país donde las maquinarias demostraron, una vez más, que siguen dueñas de los poderes locales, de su contratación y de sus puestos.
Cuando se conocen estos resultados electorales de siempre, el país entra en el eterno retorno en que se convirtió el debate público postelectoral: primero viene la retórica de indignación, casi obligada, de rechazo a la politiquería y la corrupción, que al poco tiempo se transforma en un apasionado clamor para que el Estado tome medidas que depuren —de una vez por todas— la desviada forma de hacer política en este país.
La sempiterna solución para combatir la politiquería ha sido acudir a la varita mágica de la ley. Para halagar el sentimiento de indignación de los círculos de opinión, un parlamentario, una activa fundación o el gobierno, se saca de la manga una nueva reforma política que incorpore algunas de esas ideas de moda recicladas cada cuanto para mejorar la gobernabilidad. No puede faltar, por supuesto, la caja de herramientas sancionatorias con su kit de penas e inhabilidades que hacen más draconiana la judicialización de la vida política.
No sé cuántas reformas políticas más se legislarán en este país. La más importante de todas, la Constitución de 1991, prometió cambiar la forma de hacer política. Paradójicamente, bajo su égida se han presentado escándalos políticos tan graves como el proceso 8.000 y la parapolítica.
Las reformas políticas son un escapismo. Es fetichismo legal la creencia de que la ley por sí sola logra grandes reformas sociales. La reformitis es una ilusión de solución, que termina distrayendo sobre problemas de fondo que pervierten el sistema político colombiano.
Tal vez el principio de la solución sea conceptualmente más simple que muchas de esas sofisticadas reformas. Bastaría con crear una función pública basada en el mérito y la estabilidad. En crear un sistema político que le quite al político elegido la posibilidad de disponer de todos los puestos claves dentro de la administración local. En definir una frontera clara entre los cargos políticos y los altos cargos de la administración.
El país necesita de funcionarios públicos preparados y leales tanto a los valores del Estado como a los de un sistema de carrera que les permita acceder a los cargos y ascender en sus aspiraciones. No podemos seguir con funcionarios leales a los intereses de cuadrillas políticas que viven de contratos y puestos. Es natural que un secretario de despacho sea un cargo político, pero no se entiende que un tesorero o un secretario general, encargados de la ejecución presupuestal, deban ser nombrados libremente por el alcalde.
La democracia funciona porque se equilibra con los pesos y contrapesos de las ramas del poder. Esta misma lógica debería regir la relación entre política y administración.