LA CALAMIDAD PUEDE SER MADRE de muchas oportunidades.
Así también las ingentes necesidades causadas por un desastre natural sin antecedentes en la historia contemporánea de Colombia pueden ser respondidas con una acción colectiva de grandes proporciones. Según el cálculo del Gobierno, las inversiones requeridas son del orden de 10 billones de pesos, 2% de la riqueza que producimos anualmente.
Para lograrlo el Gobierno no puede ser mezquino en recaudar los recursos requeridos no sólo para atender la emergencia sino para salir de un gran hueco fiscal (de $23 billones). La insuficiencia presupuestal, junto con la corrupción y la desidia, inmovilizaron la acción pública en la regulación de los cauces de los ríos, humedales y en los asentamientos humanos, lo cual magnificó los daños causados por la naturaleza.
Cuando el presidente Santos afirma que para enfrentar la reconstrucción del país le bastará con extender por un año el impuesto al patrimonio y hacer que lo paguen personas naturales con una riqueza límite de $1.500 millones, y no de $3.000 millones como es en la actualidad, no es serio. Con eso no logrará ni medio punto de PIB en el recaudo y sólo de manera temporal. Aduce que no quiere que la tributación frene el crecimiento económico, lo cual no tiene sentido económico: si los ricos dejan de consumir un tris se reducen las importaciones de lujo, pero si el Gobierno gasta bien todo lo que les recauda, el crecimiento será mayor por una simple razón: el multiplicador de la construcción de vivienda e infraestructura (su demanda sobre muchos bienes y servicios) es mayor que el del gasto privado.
Aumentos del IVA tampoco deben frenar el crecimiento económico, a menos que el Gobierno ahorre el nuevo recaudo, pero es simplemente injusto porque ponen a pagar a los pobres, quienes deberán apretarse más aún el cinturón. Lo cierto es que el grueso de la riqueza del país reposa en cabeza de personas naturales que tributan muy poco.
Hoy el Gobierno tiene amplio margen político para hacer aprobar una reforma tributaria integral que racionalice el financiamiento público y lo haga de una manera justa y eficiente. Deberá obtener, al mismo tiempo, los recursos necesarios para equilibrar el balance fiscal. No hacerlo pone en riesgo la economía y es una de las causas por las que Colombia crece menos que el resto de América Latina.
Para aumentar el recaudo deberá eliminar la mayor parte de las exenciones existentes, restaurar el impuesto a los dividendos, a los intereses y a las rentas del suelo, aprobar un impuesto a la herencia que garantice igualdad de oportunidades, generar impuestos suficientes que financien adecuadamente las necesidades locales y regionales, más un largo etcétera.
Los países latinoamericanos que van superando sus ancestrales taras de la desigualdad y el privilegio legadas por Iberia son Chile y Brasil, con recaudos tributarios de más del 30% del PIB; sus economías son también las que más crecen en la América Latina. Colombia está recaudando impuestos de sólo 14% del PIB por el Gobierno Nacional y otros 4 puntos por contribuciones a la seguridad social y por impuestos municipales y departamentales. Si el gasto se ejecuta técnicamente y sin corrupción, pronto tendríamos un país con una infraestructura y unos servicios sociales que lubricarían su desarrollo económico en forma sostenida y garantizarían su paz interior.