En un evento reciente se analizaron los costos y beneficios de la gran minería para el desarrollo del país y se firmó un pacto de responsabilidad social entre las mayores empresas y el Gobierno.
El pacto incluye preservación del medio ambiente y de las fuentes de agua, reducción del impacto sobre la población que habita las regiones mineras, compensándola adecuadamente si hay desplazamiento y salvaguardando sus condiciones sanitarias.
Rudolf Hommes argumentó a favor del desarrollo minero mostrando que Chile, Perú, Canadá, Australia y Noruega han avanzado sustancialmente jalonados por la minería. Ellos pudieron evitar la enfermedad holandesa, o sea el impacto negativo que tiene el gran flujo de divisas sobre los sectores que exportan manufacturas o que compiten con las importaciones; al mismo tiempo, los ingresos fiscales fortalecieron el Estado y apoyaron la inversión en infraestructura.
Manuel Rodríguez expresó la gran preocupación de los ambientalistas frente a la gran minería que carente de restricciones puede y ya ha provocado graves daños en la corteza de amplias regiones, afectando la salud de cientos de miles de personas y dejando feas huellas de polvillo en varias ciudades de la costa que han deteriorado la industria del turismo y afectado la vida marina. También hay la amenaza contra las fuentes de agua en otras regiones.
El problema es que las instituciones del gobierno colombiano siempre han sido débiles y además fueron desmanteladas entre 2002 y 2010, otorgando títulos a granel y acolitando la evasión de impuestos y de regalías. El impacto sobre la distribución de la renta minera entre las empresas y la Nación fue desfavorable para el fisco y no hubo ningún control para evitar los daños ambientales reseñados. Hay buenas empresas en la minería del carbón que han recuperado las áreas dinamitadas y han sido cuidadosas con las comunidades afectadas, pero hay otras que actúan con las normas del capitalismo salvaje.
La explotación de hidrocarburos es la más favorable para el fisco, porque la empresa estatal es dominante, paga las regalías que son (más altas que en la minería), pero otras grandes empresas están siendo investigadas por la DIAN. Pacific Rubiales tuvo que enfrentar una huelga desordenada porque no reconocía ningún sindicato ni contaba con canales de negociación para superar las demandas de sus trabajadores. En la minería del carbón han sido asesinados cinco directivos de dos sindicatos, crímenes que no han sido esclarecidos hasta el momento.
Este gobierno parece haber entendido el problema y ha tomado medidas para introducir un orden legal sostenible en el sector, fortaleciendo las instituciones reguladoras que van a ser financiadas con las mismas regalías; apenas comienza a estudiar el maremágnum de títulos concedidos a las empresas que vienen operando en 10 millones de hectáreas con perspectivas favorables. Áreas bajo control paramilitar o de la guerrilla sacan el oro o el coltán sin problemas. Es claro que la gran minería es preferible a la ilegal.
El “mal holandés” fue neutralizado en los países listados por Hommes con políticas de ahorro fiscal y tributación fuerte para la minería. Acá el presidente Santos dijo que la reforma tributaria no aspira a aumentar el recaudo, a pesar de que persiste el desahorro fiscal de casi 3% del PIB. Nos falta entonces mucho Estado y buena política macroeconómica para poder encauzar productivamente la inversión de la gran minería.