Entre filtraciones y correcciones del alto gobierno se van delineando los trazos de un nuevo estatuto tributario de unos 900 artículos, que contrasta con los 1.500 que tiene el actual. Nos rige un régimen que ofrece enormes deducciones a los ricos y a la clase media alta que conduce a que efectivamente tributen mucho menos que lo que informan las tarifas nominales.
El recaudo tributario es hoy de sólo 14,5% del PIB, suma que no alcanza a financiar un estado centralizado que ejerza un control militar sobre el territorio y puede universalizar la educación y la salud con calidad aceptable. Por contraste, Chile y Brasil recaudan el doble que Colombia. Todavía no se conoce si el nuevo estatuto se propone ampliar el recaudo, algo que el presidente se comprometió “en piedra” a no hacer durante su campaña presidencial.
El impuesto al valor agregado (IVA) más el arancel, o sea los impuestos indirectos, representan un recaudo mayor que el impuesto a la renta, lo que atornilla la enorme desigualdad que rige la distribución del ingreso en el país. Aun así, hay demasiadas tarifas de IVA que facilitan la evasión en un medio dominado por la informalidad.
No se sabe tampoco si se van a atacar las contribuciones parafiscales y los aportes a la salud y a las pensiones que aumentan el valor de la nómina un 53% para los empresarios. No tiene ninguna justificación que la financiación de la educación para el trabajo y de la protección de la familia se le cuelgue a la nómina, produciendo desempleo e informalidad, en vez de salir del presupuesto nacional. Los recursos que reciben tienden a desperdiciarse porque son excesivos e independientes de sus necesidades.
Algo similar sucede con las cajas de compensación, que son negocios concedidos a favoritos de los gobiernos de turno y a quienes les llueven mensualmente los recargos a la nómina que ni siquiera saben cómo invertir. En los países que protegen el empleo, buena parte de los aportes a la seguridad social se financian en mayor proporción por el presupuesto. Quítele la mitad al menos a los recargos a la nómina en Colombia y florecerá durante un buen tiempo el trabajo formal, bien remunerado. Sin embargo, también durante la campaña presidencial Santos se comprometió a no tocar los castigos a la nómina.
¿Por qué es más fácil colgarle contribuciones a la nómina que aumentar el impuesto a la renta? Primero, es más fácil de recaudar; segundo, a los sindicatos les gustan y los defienden; tercero, a pesar de lo que digan algunos historiadores desvariados, los empresarios no tienen suficiente poder para neutralizarlos; y cuarto, los terratenientes (y paras) tienen demasiada representación en el legislativo y la ejercen a su favor.
Una buena medida de las anunciadas es tasar los dividendos en 31%, que estaban exentos, al tiempo que se reduce la tarifa máxima a la renta en 27% para las empresas, lo cual es nocivo. En países menos desiguales que Colombia, el impuesto a la renta es progresivo con tarifas marginales que alcanzan el 50%. También se tasan las herencias de manera fuerte para que no se reproduzcan los privilegios. Acá no sabemos todavía con qué tarifas se van a castigar las fortunas de los delfines a quienes celebramos tanto en la política y en la economía.
Falta todavía un buen trecho para que se conozca la reforma tributaria y otro mayor para que los cabilderos y poderosos en el Congreso intenten transformarla en otra colcha de retazos que les garantice sus privilegios ancestrales.