EL GOBIERNO SALIENTE ANUNCIÓ QUE había decidido aumentar el endeudamiento público en $4 billones (0,8% del PIB), en vista de que el nuevo gobierno no apoyaba la venta de la electrificadora Isagén para financiar parte del hueco fiscal de 4,5% del PIB.
La mitad del nuevo endeudamiento será externa, mil millones de dólares, que harán que el peso se fortalezca otro poco. Pero vender un activo tan valioso como una generadora eléctrica incluiría un comprador extranjero o financiamiento externo, de tal modo que el impacto negativo sobre exportadores y empresas que compiten con las importaciones se daría de todos modos.
El problema de fondo es que si no se recurre a la sanidad de los impuestos para retornar gradualmente al equilibrio fiscal, los desarreglos van a golpear a vastos sectores de la economía y terminarán por reducir la confianza en el país y en sus instituciones. Habrá menos crecimiento y menos empleo.
No hay que olvidar que las gabelas tributarias concedidas durante la administración Uribe II a empresas mineras y amigas equivalen a $8 billones por año, que es el 36% del déficit fiscal. Las deducciones de 30% para adquisición de activos fijos no sólo son enormemente costosas para el fisco sino innecesarias: los bienes de capital se han abaratado en exceso por la revaluación del peso y las inversiones en minería dependen de la demanda de China, y no de la generosidad de Uribe frente al capital extranjero. Las zonas francas otorgadas discrecionalmente no producen exportaciones ni empleo, pero reducen los impuestos a la renta y el IVA, y su número sigue aumentando cada día. Esta es una política suicida: aumenta excesivamente el déficit público y la necesidad de financiarlo con deuda.
Aunque la deuda bruta del gobierno central se aproxima al 50% del PIB y eso no es especialmente preocupante en estos tiempos de enormes desequilibrios en el mundo, como en Estados Unidos (deuda del 80% de su PIB) o Grecia (110%), sí pone el semáforo en amarillo. La razón es que la deuda pública ha aumentado muy rápidamente en los últimos 2 años y no se da una señal nítida del gobierno entrante de que va a tomar las medidas necesarias para conjurar el peligro que lega su predecesor.
La otra mitad del endeudamiento será interna, aprovechando las emisiones del Banco de la República y la escasez de alternativas de inversión en bolsa o fuera del país, en medio de señales de que se viene una recaída de la crisis, ya evidente en Europa y anunciándose en los Estados Unidos.
El futuro ministro Echeverry ha hecho varios declaraciones contradictorias. Una es que Colombia entra en las grandes ligas mineras y petroleras, lo cual hace innecesaria una reforma tributaria profunda que sane de una vez por todas un déficit estructural que se ha agravado recientemente. La otra es que acabará con las exenciones concedidas por Uribe, lo cual es ponerle un torniquete a la hemorragia tributaria y debe ser bienvenido.
El propio presidente electo prometió no subir las tarifas de los impuestos, proyectando la visión ante el electorado de que no era alcabalero, pero admitió que el recaudo sí tenía que aumentar, por reducciones de la evasión de impuestos. En últimas, Santos va a tener que reformar el régimen tributario, que es retorcido, injusto, ineficiente e incapaz de financiar el tren de gastos en que se ha comprometido el Estado colombiano para garantizar la seguridad y para atender enormes necesidades sociales.