Una profunda reforma arancelaria diseñó el Estado para ponerle freno a la caída de la moneda y generar nuevos puestos de trabajo.
El Gobierno Nacional anunció el viernes una combinación de medidas que modifican su endeudamiento externo, limitan o encarecen el endeudamiento en dólares de las empresas privadas, aumentan el control de las regalías que venían eludiendo varias empresas mineras y reducen los aranceles de las importaciones de todo tipo de bienes. Todas ellas buscan incrementar la demanda por dólares y bajar su oferta con el fin de propiciar una devaluación del peso colombiano.
La primera medida notoria es una disminución de la monetización de US$1.500 millones para lo que resta de 2010 (dos meses), lo cual no se entiende a menos de que haya una contracción del gasto público equivalente (unos $2,8 billones).
En la misma dirección se define un monto muy inferior de US$384 millones ($700 mil millones), que son retirados del endeudamiento previsto para 2011, seguramente sustituidos por un aumento del recaudo tributario o del endeudamiento interno.
El Gobierno también se propone ser un demandante activo de divisas hasta por US$3.700 millones en el mercado cambiario de derivados, para cubrir el servicio de su deuda, comprometiéndose a pagar cotizaciones más altas, pero no prohibitivas, por los dólares que adquiera a futuro.
Se anuncia también la implementación de una reforma arancelaria que reduce a cero los aranceles de las materias primas y de los bienes de capital no producidos en el país, al mismo tiempo que elimina la protección a los alimentos que se ha mantenido a niveles muy altos y que perjudica a los consumidores. Es de esperar una fuerte reacción de los gremios del sector, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que pondrán el grito en el cielo.
Con la reducción arancelaria se incrementa la demanda por importaciones, el poder adquisitivo de la población y no menos se abaratan los costos de producción de muchas empresas, incluyendo medianas y pequeñas, con lo cual gana competitividad la producción local frente al exterior.
En esta misma dirección ya había sido anunciada una reducción de los sobrecostos que las empresas pagan por la energía eléctrica. Los exportadores agrícolas podrán gozar además de un fondo de cobertura por $50 mil millones para estabilizar a futuro la tasa de cambio con que venden sus bienes, algo que terminaremos pagando los contribuyentes.
Frente al endeudamiento privado, se elimina la exención del impuesto de renta al pago de intereses de créditos contratados con entidades del exterior y se reducen las actividades que podían recibir este beneficio, con lo cual se retira un subsidio totalmente injustificado y contraproducente que fomentaba el endeudamiento externo de las empresas que funcionan en el país. Por lo demás, se hace de manera fulminante a través de la retención en la fuente. Habrá entonces menos demanda por crédito externo y se bajará la oferta de dólares que surge de su monetización.
Otra medida de la mayor importancia es el traslado de la fiscalización de las regalías de Ingeominas, que fuera denunciado por componendas con grandes firmas mineras, que se traslada a la DIAN, más interesada en maximizar el ingreso de la Nación. Esto de alguna manera es una reforma tributaria que puede aumentar el recaudo de manera importante y reducir así la necesidad de endeudamiento del Gobierno.
Todas estas medidas deben contribuir a bajar la oferta de dólares en el mercado cambiario y aumentar su demanda, algunas incrementan el recaudo tributario, otras reducen los costos generales de todas las empresas que operan en el país y fomentan el consumo popular. La suma de estas medidas debe terminar multiplicando a favor de una tasa de cambio más devaluada.