La fuga de capital de Argentina alcanzó US$21.500 millones en 2011, 90% más que en 2010.
Nuevas prohibiciones a la transacción de moneda extranjera entraron en efecto y los inspectores recorrían las casas de cambio en busca de infractores. No hace una década los argentinos se vieron sometidos al ‘corralito’, mediante el cual el Gobierno depredó los depósitos bancarios del público. No importa que el régimen argentino haga populismo o libre mercado, lo que es una constante es la arbitrariedad y el cambio de reglas de juego en contra de sus ciudadanos.
¿Por qué la gente quiere convertir sus pesos en divisas de manera tan abrumadora? Argentina lleva una década de crecimiento económico extraordinario de 8,5% anual. La demanda china por soya y cereales le ha arrojado ingresos externos envidiables. Sin embargo, las perspectivas son tormentosas. La desconfianza surge de políticas arbitrarias, entre las que destaca que las estadísticas de precios entregadas por el Gobierno son inferiores a otros índices de precios independientes.
En 2011 el Gobierno anunció una inflación del 9%, pero en algunas provincias registró 25% y eso fue el arreglo que lograron las grandes confederaciones sindicales en su negociación colectiva. Los trabajadores no organizados, los informales y la clase media han visto disminuidos sus ingresos reales. Hace dos años el Gobierno destituyó al presidente del Banco Central porque se negó a darle las reservas internacionales para que las convirtiera en gasto corriente; el nuevo presidente ha multiplicado la emisión primaria y los préstamos que alimentan el gasto público desbordado. Para el mismo efecto, el Gobierno expropió los fondos de pensiones, asumiendo el pasivo de los retirados argentinos.
La inflación es entonces resultado de un crecimiento fuerte que recalienta la economía y un gasto público que hace desbordar todavía más la demanda efectiva. Los pesos pierden valor, a pesar de que las autoridades lo niegan a golpes. Ante el déficit externo, el Gobierno ha limitado las importaciones de sus socios de Mercosur y también las de Colombia, con la que mantiene superávit. Argentina tiene cerrado el crédito externo y eso hace mas desesperada su situación.
En meses pasados el Gobierno estuvo hostigando a YPF, la empresa de petróleos privatizada por Menem, al negarle licencias de explotación en varias provincias kirchneristas, lo cual deterioró su valor en bolsa. Hace pocos días el Gobierno procedió a expropiar la participación de Repsol en YPF de 51%, agitando el espíritu nacionalista argentino. La empresa estaba cercada por controles de precios al combustible que le redujo sus márgenes y su capacidad (y voluntad) de hacer nuevas inversiones. Esa fue precisamente la justificación para expropiarla y el Gobierno buscará compensarla con el valor mínimo que logró imponer con sus medidas. Sin embargo, para poder explotar los nuevos yacimientos encontrados por Repsol en Vacamuerta, el Gobierno busca nuevos socios chinos y brasileños. Ninguno se va mostrar muy entusiasta al respecto.
En vez de enfrentar sus problemas con políticas macroeconómicas adecuadas —contención del déficit fiscal, freno a la inflación y devaluación del peso—, el Gobierno dicta desesperadas medidas administrativas que los agravan. La gente no quiere tener pesos porque comprende que la moneda local está siendo envilecida y lo será cada vez más. Es que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.