Tiene razón Fernán González cuando dice que no debemos esperar que la firma del proceso de paz sea una panacea, y creer que, al día siguiente de la firma, se vaya a acabar la violencia o la desigualdad o la minería extractivista.
Esta es una posición realista, que contrasta con la de otros comentaristas, quienes, con el acuerdo, vislumbran un nuevo amanecer, una segunda independencia o la refundación de la patria.
Cuando se firme dicho acuerdo, se firmará justamente eso, un compromiso para un cese al fuego entre dos actores armados. Lo demás es un catálogo de intenciones, cuya implementación dependerá de dinámicas económicas, políticas y sociales, muchas de las cuales escapan al control de las partes firmantes. Por ejemplo, para los que creen que la firma del acuerdo será una refundación de la patria que nos llevará a una país más igualitario, basta recordarles que una mejora en la distribución monetaria del ingreso depende, fundamentalmente, de un avance sustancial de la cobertura y, sobre todo, de la calidad de la educación. Aún suponiendo que, inmediatamente, asignáramos los recursos requeridos e hiciéramos las reformas educativas necesarias, tomaría unos 25 años para comenzar a ver algunos resultados tangibles en la distribución del ingreso. Algunos, como el profesor Paul Romer, de la universidad de Nueva York, creen que esos efectos sólo se notarían después de 50 años.
Mas aún, proveer los recursos para realizar dicha reforma educativa requeriría un gran acuerdo político que choca con la actual forma de hacer política. Porque para nadie es un misterio que una característica de los sistemas políticos en América Latina, y Colombia no es la excepción, es lo que, en ciencia política, se conoce como patronazgo o clientelismo. El clientelismo es una especie de mercantilización de la política, mediante la cual un partido o un político intercambia puestos, contratos o subsidios por votos. En lugar de proveer bienes públicos, como seguridad, educación y justicia, que benefician a toda la población —a seguidores y a opositores—, el clientelismo privilegia a los seguidores y termina, así, privatizando el gasto público. Premia a quien vota a favor y castiga a quien lo hace en contra. En nuestra terminología local es lo que se ha bautizado con el término de “mermelada”.
En esas circunstancias, va a ser muy difícil en el inmediato futuro privilegiar la provisión de bienes públicos. Sin embargo, la experiencia histórica reciente nos enseña que es posible hacerlo, como sucedió con el fortalecimiento de las fuerzas armadas en los últimos años. Desde los albores de la República, Colombia había tenido unas fuerzas armadas significativamente inferiores al promedio de América Latina (medidas en soldados por millón de habitantes) y sólo en los últimos años nuestro ejército se acercó y logró incluso sobrepasar dicho promedio. La mejora sustancial de la seguridad y, de hecho, el mismo proceso de paz son una consecuencia directa de este fortalecimiento de la capacidad del Estado para proveer seguridad.
En estas circunstancias, tienen que bajarse de la nube quienes creen que la firma del proceso de paz será la panacea para todos nuestros males. Lo que Colombia necesita es más, no menos, provisión de bienes públicos, como seguridad, justicia y educación. La gran tarea que tenemos por delante, entonces, es discutir qué tenemos que hacer para que el Estado optimice la provisión de estos bienes públicos esenciales.