POR LAS BONANZAS DE RECURSOS Y por los desastres naturales, un país como Colombia sufre en exceso los problemas típicos de economía política: los llamados problemas de los comunes, problemas de agencia, de mantenimiento de los contratos en el tiempo o de corrupción.
Un sólido marco conceptual ha señalado desde hace mucho tiempo que, en países con estas características, se debe privilegiar una política de información que genere transparencia. Parece increíble, pero hasta la creación del Coinfo (Comité Intergubernamental de políticas y de Gestión de Información de la Administración Pública) en 2003, el Estado en Colombia no tenía una autoridad para definir sus políticas de información pública.
Hasta ese momento, los proveedores hacían su agosto vendiéndole a los ministerios, departamentos administrativos o a los organismos de control, hardware y software que no tenía nada que ver con los equipos anteriores, ni eran compatibles entre si. Aún dentro de algunas entidades, como la DIAN, se encontraron más de diez sistemas diferentes que no se hablaban entre sí. Además de unificación de criterios para adquisición de tecnología, se comenzó una política de unificación de estándares que tampoco existía. Por ejemplo, hasta 2003, cinco entidades (DIAN, Contraloría, Dane, Dnp, Hacienda) exigían información sobre empresas, entidades, personas o activos de distinto tipo que tenían códigos y formatos distintos.
Muchas veces, los municipios o departamentos tenían que enviar la misma información en cinco formatos y estándares diferentes. Estos problemas se comenzaron a enfrentar muy pronto y se pasó a otros frentes, como la creación de mapas e inventarios de registros administrativos, sin los cuales no es posible formular, planear, ejecutar y evaluar la política social y, en general, todas las políticas a nivel micro. Por dar un ejemplo, no pueda haber una buena política de salud, especialmente preventiva, sin la información epidemiológica proveniente en centros de atención, clínicas y hospitales. En los últimos años, parece haberse perdido el impulso y eso puede explicar porque el sistema RIPS, (registros de información de prestadores de servicios), del ministerio de protección social, tiene aun muchos problemas desde la fuente. Educación, protección social y todos los programas de subsidios requieren mejorar mucho sus sistemas de registros administrativos para captar la realidad como insumo para las diferentes políticas nacionales y territoriales.
Pero además de una política unificada de Tics y de una política de registros administrativos, se requería consolidar un sistema agregado de información financiera y otro de seguimiento a los proyectos de inversión pública. Así, se construyeron las bases tecnológicas y se generaron los instrumentos legales para obligar a todas las entidades del gobierno a suministrar la información necesaria para alimentar los sistemas para ello creados en el DNP. Frente a la bonanza minera y a los programas de inversión para la reconstrucción por el desastre invernal, es urgente retomar el impulso que se perdió en los últimos años.
El camino a seguir debería ser: a) obligar a todas las entidades a integrarse al SUIFP (sistema integrado de inversiones y finanzas) del DNP en formatos claros por proyectos de inversión; b) hacer público y de libre acceso este sistema en la web, pues hoy requiere clave para entrar; c) hacer público el SIIF (sistema integrado de información financiera) del ministerio de hacienda; d) coordinar estándares y formatos con los organismos de control. No me cabe la menor duda que, si esta información se hace pública y se provee en tiempo real, como ya lo tiene Perú, no sólo tendremos buenas políticas públicas, sino habremos dado un paso enorme en la lucha contra la corrupción.