Sin perjuicio de manifestar algunas reservas, en este columna he apoyado desde su inicio el proceso de negociación del gobierno con las FARC.
Entre las reservas, por ejemplo, he creído que, más que de gobierno, la negociación debería ser una política de Estado y eso implicaría, necesariamente, involucrar a toda la oposición. Ese fue el enfoque que garantizó el acuerdo de Viernes Santo en el Reino Unido y fue también el que llevó al desvertebramiento y desmovilización de ETA, en España. Después de que se han revelado los acuerdos, hasta ahora alcanzados, podría ser un momento propicio para involucrar a toda la oposición.
Sería propicio porque en estos acuerdos no parece haber nada que sea insalvable para algún grupo político, ya sea de derecha o de izquierda. Después de un acomodamiento inicial, tornar hacia una política de Estado podría inducir a que el proceso tome la celeridad que se nos prometió al comienzo.
Porque, sorprende, en realidad, que, después de dos años, esto sea todo lo que se ha avanzado. Cuando comenzó el proceso, se dijo que estaría listo a finales de 2012. Posteriormente, en marzo de 2013, el jefe negociador aseguró que el acuerdo se firmaría a mediados del 2013, recordando que el articulado de la Constitución de 1991 se redactó prácticamente todo en el último mes. Y, un año después, aquí estamos, con una guerrilla que no tiene prisa.
Tornar a una política de Estado, además de fortalecer la negociación, también sería muy importante para que una mayoría de colombianos voten positivamente el referendo que legitimará los acuerdos alcanzados. Además, es crucial que se aclare a la brevedad las dudas de quienes están argumentado que, dado que ganar el referendo se ve ahora imposible, se está pensando en otro mecanismo de refrendación de los acuerdos.
Pero, con política de Estado o sin ella, es importante tratar de aclarar quien está entorpeciendo el avance de las negociaciones. Y, para aclarar este punto, es importante entender que las negociaciones de La Habana no son solo entre el gobierno y las FARC. Querámoslo o no, hay involucrados otros actores, como la misma Cuba y también Venezuela. Cuba por ser país anfitrión y Venezuela porque, oficialmente, es país garante y facilitador. Pero, en la práctica, Venezuela parece estar involucrada porque, desde hace muchos años, ha sido el escudo protector de las FARC, ha acogido a sus jefes, ha permitido la instalación de campamentos en su territorio, además de su afinidad ideológica.
Por el apalancamiento que le da las FARC, Venezuela parece ser un actor importante de las negociaciones. Y, según algunos analistas, sólo en el marco de las negociaciones de La Habana, se entiende el silencio de Colombia frente a los atropellos a la oposición, al encarcelamiento de Leopoldo López, a la destitución de Corina Machado o la expulsión apresurada de los adolescentes venezolanos. Y vienen muchos eventos más, como el voto de Colombia en las Naciones Unidas para el puesto que reclama Venezuela en el Consejo de Seguridad.
Si esta hipótesis es correcta, quienes definen la velocidad y el ritmo del proceso de paz no están solo en La Habana y en Bogotá.