Para bien del país, los economistas hemos consolidado una sana costumbre de discutir nuestras diferencias en forma, por lo general, ordenada y respetuosa.
Desde hace ya décadas, nos acostumbramos a cuestionar la política económica de los gobiernos, muchas veces delante de los mismos ministros de Hacienda, de los directores del DNP o del Banco de la República, quienes, con argumentos y cifras, se ven obligados a justificar sus políticas o a tratar de enmendarlas. De ese debate se ha beneficiado el país y sería muy bueno que lo mantengamos en los próximos años.
En los últimos meses, pero más acentuadamente en las últimas semanas, el debate se ha dado en torno a los desequilibrios macroeconómicos. Cuando subieron los precios y los volúmenes de producción de nuestros bienes básicos de exportación, como el petróleo, el carbón y el níquel, las autoridades económicas consideraron esos mayores ingresos, no como transitorios, sino como permanentes y, en consecuencia, ajustaron el gasto público hacia arriba y en forma permanente.
Así, cuando cayeron los precios de esos productos, se abrió una brecha muy grande entre el gasto y el ingreso nacional, hecho que se materializó en un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de un 7 % del PIB, en el primer trimestre de este año. Según The Economist, dicho déficit será de un 6.6 % del PIB en el 2015 y el Gobierno estima que se mantendrá en más de un 5 % del PIB en los próximos cuatro años.
La pregunta crucial que surge, entonces, es: ¿será sostenible un déficit de esa magnitud para los próximos años? Mientras el Ministerio de Hacienda cree que sí, varios economistas creemos que este escenario es una apuesta muy riesgosa y que sería mejor comenzar a ejecutar de inmediato una reducción paulatina, pero creíble, de dicho déficit. Y dado que el déficit externo es igual a la suma del déficit fiscal más la suma del déficit privado, el Gobierno tendría que cumplir su parte reduciendo su desequilibrio o, en el peor de los casos, evitando que suba, como porcentaje del PIB.
En otras palabras, es mejor que el ajuste lo hagamos nosotros mismos en forma ordenada y no que nos lo imponga a las malas el mercado internacional de capitales. Por ejemplo, sólo este año necesitaremos unos 20 mil millones de dólares de ahorro externo para financiar nuestro exceso de gasto sobre el ingreso. El deterioro de la economía brasileña y el colapso de las economías de Venezuela y Ecuador, además de la futura subida de las tasas de interés de los Estados Unidos, permiten afirmar que existe una probabilidad relativamente alta de que no contemos con ahorro externo suficiente para financiar déficits en cuenta corriente superiores a un 3 % del PIB en los próximos años.
Le asigno una probabilidad muy baja a que podamos contar con ahorro externo superior a un 5 % del PIB y otra baja, pero no despreciable, de que haya un cierre completo del financiamiento externo, como sucedió en 1999.
Si la política fiscal no se utiliza para corregir el desequilibrio externo, entonces el ajuste lo tendrán que hacer los hogares y las empresas, y los mecanismos de transmisión serían una devaluación aún más elevada, altas tasas de interés o el impuesto inflación. O una combinación de las tres cosas.
Estamos a tiempo, pero hay que actuar con prontitud.