El 7 de agosto del próximo año, los colombianos estaremos celebrando dos siglos de vida política independiente. Es una fecha muy importante, que nos debe conducir a una reflexión de lo que como país hemos y no hemos logrado, para proyectar un mejor futuro para nuestros hijos y para todos los que vendrán después. Afortunadamente, contamos con un excelente grupo de historiadores nacionales y extranjeros que, con sus obras, ya nos han ayudado y nos ayudarán aún más a realizar esta reflexión. Dos conclusiones en las cuales muchos de ellos están de acuerdo sobre nuestro balance histórico son las siguientes. En el lado del activo, el que hayamos tenido, con pocas excepciones y como contraste con los países de la región, gobiernos civilistas, elegidos por medios electorales y que han hecho un uso limitado del poder. En el lado del pasivo, argumentan que contamos con un Estado precario, incapaz de mantener el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio, torpe para proveer un justicia y poco transparente. Como resultado, hemos tenido altos grados de violencia y una gran inequidad.
¿Qué hacer? Si la debilidad histórica de Colombia ha sido contar con un Estado débil, entonces necesitamos fortalecer la provisión de bienes públicos, pensando no solo en el corto plazo sino en las próximas generaciones. Primero, el Estado debe contar con el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio. Para alcanzar este objetivo, es crucial erradicar el narcotráfico y los cultivos ilícitos, que volvieron a tener el área sembrada del año 2.000.
Segundo, es urgente erradicar los vicios de nuestro sistema de justicia y fortalecerlo.
Tercero, la equidad debe estar en el centro de un gran acuerdo nacional, como lo ha planteado el presidente Duque. Tenemos que mejorar la calidad de la educación, especialmente en los primeros cinco años de edad, fortalecer el cuidado prenatal de las mujeres y, consistente con el artículo 48 de la Constitución, la seguridad social deberá velar primordialmente por los grupos de menores ingresos, teniendo como prioridad las personas con discapacidad y los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. La seguridad social de Colombia no puede continuar siendo una de las mayores fuentes de inequidad del país, al subsidiar a los grupos de ingresos más altos.
Cuarto, para hacer posible la provisión de estos y otros vienes públicos, necesitamos incrementar el recaudo de impuestos del gobierno como porcentaje del PIB. Como se ha planteado repetidamente, un 14 % del PIB no es suficiente para financiar unos mínimos requerimientos de un Estado Social de Derecho. Más personas y más empresas tienen que comenzar a declarar renta y a pagar impuestos, como sucede en otros países. Quinto, consistente con el anterior punto, es imprescindible formalizar la economía. Colombia no es viable si, de los 22 millones de ocupados, solo 2,6 millones declaran renta, y si de 1,5 millones de empresas, solo 3.400 pagan más del 80 % de los impuestos de las personas jurídicas.
Esta no es una época fácil para lograr grandes acuerdos nacionales. En todo el mundo, los populismos de derecha y de izquierda se alimentan de la política de la identidad, en gran medida basada en el esquema amigo-enemigo, del ideólogo nazi Karl Schmidt. Aunque nada lo garantiza, afortunadamente nuestros historiadores también nos han dicho que Colombia siempre ha sido reacia a copiar las tendencias populistas internacionales.