Un cuarto de siglo después de aprobada la Constitución de 1991, Colombia es un mejor país.
Hace 25 años, nuestro país llevaba un largo período de altísima violencia y desinstitucionalización causados, fundamentalmente, por el avance del narcotráfico, lo que estimuló una situación social y política favorable a redactar una nueva Constitución, con el fin de contener las causas, no solo las inmediatas, sino las que, según muchos, eran las razones más estructurales de la violencia y las tensiones sociales.
En esta forma, la nueva Carta aprobó un amplio capítulo de derechos sociales y consagró también mecanismos para hacerlos exigibles, como la Acción Popular, la Acción de Cumplimiento, y, sobre todo, la Tutela, sin ninguna duda, su creación más significativa, pues hizo que los cambios constitucionales de 1991 se sintieran de verdad.
Otras dos modificaciones cruciales fueron la regulación de los estados de excepción, pues hasta ese momento gran parte de los problemas de orden público o de origen social se regulaban bajo la figura del llamado Estado de sitio, y los nuevos mecanismos de participación ciudadana, así como la descentralización.
Colombia es sin duda mejor de lo que era hace un cuarto de siglo, aunque no es fácil atribuir el porcentaje de mejora que le corresponde a la nueva Constitución. Por ejemplo, hoy en día, hay más Estado que hacia 1990, con unas Fuerzas Armadas y de Policía más grandes, mejor equipadas y más eficientes y, gracias a este hecho incontrovertible, buena parte del paramilitarismo ya no existe y las Farc están sentadas en una mesa de negociación en La Habana. Pero el fortalecimiento del Estado no ha sido, necesariamente, un efecto de la Constitución de 1991, sino de decisiones políticas de distintos gobiernos y también efecto de presiones externas, como las que se plasmaron con el Plan Colombia.
Un cuarto de siglo después, la pobreza en Colombia ha bajado significativamente, sin duda por políticas estimuladas por los nuevos derechos sociales, pero también por una economía que se favoreció por su apertura al mundo y por la mejora en los términos de intercambio comerciales. Uno de los resultados más sorprendentes —y deprimentes— es que la distribución del ingreso sigue siendo tan mala como hace un cuarto de siglo, pese a la naturaleza social de la nueva Carta y pese, también, a la transformación que ha sufrido la misma tutela. Porque, inicialmente concebida para la defensa de los derechos fundamentales, con el tiempo y vía jurisprudencial se fue estableciendo una conexidad entre los derechos sociales y económicos con los fundamentales, hasta llegar a establecerse, por ejemplo, mínimos de protección, como el derecho al agua.
Todos estos resultados sugieren que lo que necesita nuestro país es, primordialmente, abandonar la creencia según la cual una nueva Constitución resuelve todos los problemas de una vez y para siempre y, en su lugar, adoptar un enfoque más pragmático y tratar de resolver un problema tras otro. Para varios problemas, pueden hacer falta ajustes legales, pero, para otros, solo simples actos administrativos, y, sobre todo, una clara decisión política.
Igualmente, la historia de los últimos 25 años muestra que no por estar en la Constitución se resuelven o siquiera se desarrollan muchos temas y problemas. Pero la introducción apresurada de muchos temas sí pueden debilitar o desnaturalizar la Carta.
Esa es quizás una de las lecciones más importantes del último cuarto de siglo.