Después de que el Gobierno hubiese que en el segundo semestre de este año radicará en el Congreso el proyecto de reforma tributaria, comienzan a esclarecerse algunos elementos de la crítica situación fiscal.
En primer lugar, la caída en los recursos del Gobierno ha sido equivalente a un tres por ciento del PIB, por cuenta de los menores precios del petróleo. Segundo, parece que una reforma tributaria generaría recursos, en el mejor de los casos, de un dos por ciento del PIB. Es decir, aún si se siguiesen todas las recomendaciones del informe que ha presentado la Comisión para la Equidad y la Competitividad Tributaria, quedaría un hueco de, por lo menos, un punto del PIB, con relación a la situación que existía cuando teníamos altos precios del petróleo. Parecería, entonces, que no tenemos cómo reemplazar todos los ingresos que nos daba el petróleo y estamos hablando de un país que tiene uno de los niveles de tributación, como porcentaje del PIB, más bajos de toda la región. Por supuesto, una parte de la solución pasa por un recorte drástico del gasto público, pero este hueco tan considerable se mantendría si se consideran los mayores gastos en los que tendría incurrir el país durante el posacuerdo. Porque, según las recomendaciones de la Misión Rural, el campo colombiano requiere inversiones entre 1 y 1,5 del PIB en los próximos años.
Si una reforma tributaria es incapaz, entonces, de elevar los ingresos del Gobierno a niveles siquiera cercanos a lo que tienen los países de la región, y menos aún a los niveles que tienen, por ejemplo, los países de la OCDE, es claro que tenemos razones para preguntarnos por qué que en Colombia tenemos un problema tan complicado, un problema que parecería trascender a lo meramente fiscal.
En opinión de muchos analistas, y yo la comparto, el problema de ingresos tributarios es una consecuencia de la enorme informalidad de la economía. De los 21 millones de ocupados que hay en Colombia, solo 7,8 millones pagan contribuciones a la seguridad social y solo 1,8 millones pagan impuesto de renta; de 1,5 millones de empresas, solo 3.300 pagan impuesto de renta; y, según datos del DNP, un 58% de los predios rurales no tienen ni catastro ni títulos inmobiliarios y muchos del restante 42 % los tiene desactualizados.
Naturalmente, este es un problema muy complejo que exige actuar en muchos frentes y no se arreglará al toque de un varita mágica. La informalidad tiene que ver con los requisitos que se requieren para abrir empresas, con los costos parafiscales, con problemas de información y cruces de bases de datos y, sin duda, también con varios aspectos tributarios que inducen a muchas empresas a evadir impuestos y contribuciones. Pero muchas de estas actividades tienen también un elemento en común: viven del efectivo. Pagar en efectivo les permite a muchas empresas y personas no dejar traza y escapar, así, al control de las autoridades. Un primer paso para combatir la informalidad —y buena parte de la criminalidad— sería eliminar los billetes de alta denominación e inducir una mayor bancarización, que, por economías de escala, reduciría los costos de las transacciones financieras. Y, como por alguna parte hay que comenzar para combatir la informalidad, una respetuosa recomendación: por favor, no emitan el billete de $100.000.