En una reciente columna, el profesor y columnista de El Espectador, Francisco Gutiérrez Sanín, se preguntaba con mucha razón qué debemos hacer para que nuestro país baje del trono del reinado de la desigualdad en el mundo.
Tenemos un coeficiente de Gini de un 0,58, una cifra realmente vergonzosa, especialmente en una época en la cual países semejantes a nosotros, como Brasil, Chile o Perú, han logrado mejorar este indicador y, además, reducir significativamente la pobreza. Para disminuir la desigualdad, Gutiérrez Sanín enfatiza la necesidad de distribuir mejor los activos, especialmente la tierra, crear una mejor estructura tributaria, impulsar sectores estratégicos y mejorar la educación.
Todo esto hay que hacerlo, pero no debemos buscar el muerto tan río abajo. Hay que tratar de encontrarlo río arriba y mucho más cerca de nosotros. Me refiero, por supuesto, a la responsabilidad que le cabe directamente al Estado en esta ignominiosa situación. Hace más de treinta años, el economista chileno del Banco Mundial, Marcelo Selowsky, argumentó que el Estado en Colombia redistribuía el ingreso, pero no hacia los pobres, sino hacia los estratos medios y altos. Desde entonces, los economistas y científicos sociales han tratado de medir dicha redistribución perversa y han discutido sobre las políticas para revertirla. Numerosos estudios han mostrado que una de las políticas más regresivas del ingreso, la que quizá más ha subsidiado a los ricos y a los sectores privilegiados, fue siempre el régimen de prima media de pensiones. Para hacer sostenibles los recursos públicos, pero también para revertir los subsidios hacia sectores privilegiados, diferentes gobiernos introdujeron reformas paramétricas, la última de las cuales se plasmó en el acto legislativo 01, del 2005, que creíamos eliminó los regímenes especiales y puso un tope de 25 salarios mínimos a la pensión más alta. En un país en el cual un 49 por ciento de todos los ocupados gana menos de un salario mínimo, muchos pensamos, en su momento, que dicho tope era aún demasiado alto, pero lo aceptamos y creímos que, en medio de la pobreza y desigualdad de Colombia, se generaría un consenso de todos los sectores para respetar dicho acuerdo.
Qué equivocados estábamos. Porque, reviviendo unos inequitativos decretos de hace veinte años, en los últimos años se ha ido creando una jurisprudencia que reconoce derechos pensionales a empleados del Estado con base en el ingreso más alto devengado en el último año, y está otorgando pensiones de veinte millones o más. No me cabe duda sobre la legalidad de dichos fallos. Pero lo que sí sorprende es que, dos décadas después de expedida la Constitución que consagra el Estado social de derecho, se acuda al derecho estrictamente positivo, a una meticulosa semántica preborbónica, más propia de los tribunales españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, y no al derecho valorativo que consagra la Constitución de 1991, que comenzó a reconocer entre nosotros los llamados derechos de segunda generación y también la solidaridad y la igualdad como derechos fundamentales. Para mejorar la distribución del ingreso, hay que introducir muchas políticas, pero tenemos que comenzar por los recursos que distribuye directamente el Estado. Es realmente penoso constatar que, treinta años después, el diagnóstico de Marcelo Selowsky siga siendo prácticamente igual. Pero, aún más penoso, que el Estado no tenga una opción preferencial por los pobres y que las políticas que, con muchas dificultades, habíamos introducido para mejorar la distribución del ingreso están siendo desmanteladas.