Todos los que creemos en la libertad de expresión y en las instituciones republicanas y democráticas tenemos la obligación de condenar las amenazas de Nicolás Maduro contra el profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann.
Por haber publicado un artículo comentando la situación económica de Venezuela, en el que manifiesta la incapacidad de ese país para cumplir con sus obligaciones externas, el autócrata profirió una sarta de amenazas e insultos contra Hausmann, uno de los grandes economistas de América Latina, execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y muy amigo de Colombia.
Lo llamó bandido, lo acusó de hacer parte de una campaña internacional de sicarios financieros en asocio con el Fondo Monetario y las oligarquías para hacerle daño a Venezuela, y lo incriminó por vivir en mansiones que, dice Maduro, compró con plata que se robó en Venezuela. Además, lo que es más preocupante, afirma haberle dado órdenes a la Fiscalía y a la Procuraduría para que inicien acciones legales contra el profesor de Harvard. Siendo evidente que, desde hace muchos años, la separación de poderes ya no existe en Venezuela, esta acusación equivale a una condena por anticipado. Y, por supuesto, es además otra violación más de la libertad de expresión y de cátedra.
¿Qué crimen cometió Hausmann para semejante condena? Por supuesto, ninguno. Todo lo que hizo fue resumir en un solo documento lo que ya sabíamos de tiempo atrás. Que las exportaciones de petróleo de Venezuela están en un 50% del nivel que deberían estar, que ha incumplido a sus proveedores e importadores de alimentos, medicamentos, aerolíneas, repuestos automotrices, lo que puede alcanzar una suma de más de US$14.000 millones. También argumenta que en octubre, Venezuela debe cancelar unos US$5.200 millones para el servicio de su deuda externa y que tiene problemas de liquidez para hacerlo. Posiblemente, por esta causa, Hausmann argumenta que el gobierno de Venezuela está pensando vender la cadena de distribución de combustibles que tiene en los Estados Unidos, Citgo, filial de Pdvsa, la empresa de petróleo estatal.
Lo más sorprendente de todo es que Hausmann le sugiere al gobierno de su país que reestructure su deuda externa, que no sea tan ortodoxo y que sea más laxo con los tenedores de bonos y que piense más en los venezolanos. Es decir, le da un consejo que pareciera provenir de un analista progresista y de izquierda y no de un economista de la ortodoxia. Lo que, quizá, molestó más al autócrata es que Hausmann da a entender que un porcentaje de los bonos está en manos de venezolanos ricos y bien relacionados.
Después de las declaraciones de Maduro, posiblemente Hausmann no pueda volver a Venezuela y entrará a engrosar la larga lista de exiliados de ese país. Y si llega a regresar, su integridad personal puede estar en peligro, pues son muchos los casos en que las amenazas de las autoridades se han traducido en detenciones arbitrarias y lesiones físicas a los opositores.
Como fue una tradición centenaria, Colombia debe abrir las puertas y acoger a los perseguidos políticos de Venezuela. En el caso de Hausmann, nuestra Cancillería debería considerar que existe una razón adicional para hacerlo. El 15 de diciembre de 2008, en ceremonia presidida por el presidente Álvaro Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, Hausmann recibió la nacionalidad colombiana.
Santiago Montenegro *