Por razón de la enorme informalidad laboral y el proceso de transición demográfica, en Colombia se está gestando una bomba social que, de no hacerse algo muy pronto, estallará en unos años con unas consecuencias realmente calamitosas.
Es un problema complejo porque, aparentemente, las cifras demográficas indicarían que el llamado bono demográfico juega a nuestro favor. Es decir, se espera que la proporción de personas en edades productivas se mantenga alta, durante mucho tiempo, con respecto a la proporción de personas en edades inactivas (los menores de 15 y los mayores de 60 años). Así, se cree que, por esta “oportunidad demográfica”, mejorarán las condiciones de vida, debido a que una mayor proporción de población estará en edad de trabajar, producir, ahorrar e invertir, mientras que, durante varias décadas, un bajo número de personas requerirán de inversiones en educación, salud o riesgos de vejez. Y, en un análisis superficial, los números parecen darles la razón a los optimistas del bono demográfico. Según cifras de las Naciones Unidas, para 2010, la tasa de dependencia (definida como los mayores de 65 años sobre la población entre los 15 y 64 años) de Colombia es de menos de un 9%, en tanto en Alemania está en un 30% y en Japón se sitúa en un 35%. Es decir, por cada retirado, en Colombia hay más de 10 trabajadores activos, en tanto que en Alemania sólo hay 3 y en Japón unos 2.5. Entre otras, una tasa de dependencia tan baja tiende a justificar un sistema de pensiones de reparto, pues las cotizaciones de tantos trabajadores parecerían financiar las pensiones de relativamente pocos pensionados.
El problema es que, para que un país aproveche plenamente su bono demográfico, se necesita un mercado laboral formal en el cual los empleadores y los trabajadores coticen a la seguridad social, paguen impuestos y tengan acceso a servicios financieros, como crédito hipotecario, y, a otros servicios que les permitan un crecimiento sostenido de la productividad.
Desgraciadamente, este no es el caso de Colombia. De los 21 millones de trabajares activos, sólo unos 6.5 millones están cotizando a pensiones y a salud contributiva, lo que indica que un 70% de los trabajadores son informales. Así, si en lugar de estimar la tasa de dependencia con la población ocupada, lo hacemos con los que efectivamente cotizan a la seguridad social, dicha tasa no es de un 10% sino alrededor de un 50%. Es decir, sería superior a la que ya tienen países como Alemania y Japón, y hoy ya tendría el nivel que alcanzaría este último país hacia 2027. Esta es una cifra alarmante. Es como si la informalidad laboral nos hubiese envejecido en forma apresurada, pero sin los recursos para enfrentar y financiar los riesgos de vejez de millones de colombianos. Porque, mientras en Colombia los ingresos del gobierno representan menos de un 20% del PIB, en un país como Alemania es de un 40%. Pero, detrás de estas cifras, hay un problema que es, quizá, mucho más grave. Es la ilusión de que podemos tener un Estado del Bienestar, con sus subsidios, ayudas, estímulos y transferencias del gobierno nacional, sostenido por muy pocos trabajadores y empresas formales, que son los que pagan impuestos y cotizan a la seguridad social. Es la creencia de que es posible ensillar sin tener el caballo.