EN MEDIO DE LA GRAN SEQUÍA CAUSAda por el fenómeno de El Niño y a diferencia de muchos países de la región, Colombia no ha tenido que racionar el consumo de energía.
Técnicamente, el racionamiento se ha evitado porque la generación de energía hidráulica, que hace dos años representaba un 80 por ciento del total, ha caído a un 40 por ciento, en tanto la generación térmica subió a un 55% y otras fuentes representan el 5% restante. Pero más allá de estos números, la capacidad que hoy tiene el país de reemplazar la hidráulica por la térmica es el resultado de grandes decisiones de política que se tomaron desde principios de los años noventa y que todos los gobiernos, sin excepción, han respetado y perfeccionado. Es una historia que se remonta al apagón de 1992, cuando el país aprendió que no podía continuar con una matriz de capacidad de generación dependiente casi que con exclusividad de la energía hidráulica. Así, las leyes 142 y 143 de 1994 permitieron la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos y, en particular, en toda la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Se crearon incentivos para que el sector privado construyera termoeléctricas y las tuviese en buen estado y listas para ser activadas cuando se necesitaran, incluyendo un alza realista de tarifas. Quince años después, Colombia tiene un sistema eléctrico muy sofisticado, el cual gira alrededor de un mercado libre, en cuya demanda hay unas empresas comercializadoras y grandes consumidores que compran la energía y potencia en grandes bloques a generadores públicos y privados, los cuales participan libremente sin intervención del Estado. La operación y la administración de ese mercado la realiza XM, una empresa que tiene a su cargo el centro nacional de despacho, administra el sistema de intercambios comerciales, y liquida y gestiona las cuentas por el uso de las redes del sistema integrado nacional.
El éxito de este sistema no hubiese sido posible sin buenas entidades, como la encargada de la planeación del sector, la UPME (antigua Comisión Nacional de Energía) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la cual regula los monopolios naturales del sector, promueve la competencia, vela porque los competidores sean económicamente eficientes, evita el abuso de posición dominante y garantiza una producción de calidad. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos vigila que los actores del sistema cumplan con sus requerimientos y los de la CREG. La concepción de este modelo y la creación o el perfeccionamiento de sus entidades, su puesta en marcha y la efectividad de su operación no hubiesen sido posibles sin el trabajo de un grupo brillante de expertos en diferentes campos, como Hugo Palacios Mejía, Manuel Ignacio Dussán, Eva María Uribe, Francisco Ochoa y muchos otros técnicos del DNP, comisionados y expertos de la CREG, además de consultores nacionales e internacionales. Con base en este modelo, muchas empresas florecieron dentro del país, cruzaron las fronteras y varias se han convertido en verdaderas multinacionales.
Parte del éxito del modelo fue evitar su politización, el clientelismo y la corrupción que caracterizan a varios sectores del Estado. En gran medida, esto ha sido posible porque existe una opinión activa de expertos, analistas, ex ministros y ex funcionarios que lo han defendido continuamente y han alertado de los peligros que lo acechan. Para bien del país, tenemos que continuar protegiendo este gran modelo en el que conviven empresas públicas y privadas con una fuerte regulación y que tanto esfuerzo costó construir.