Tal vez el mayor problema para el Gobierno el próximo año será el aumento del desempleo. Varios analistas han expresado su preocupación al respecto y pronostican que la tasa de desempleo subirá al 13 o incluso al 14%.
La caída del crecimiento económico; las dificultades de nuestros mercados de exportación, como E.U., Venezuela —que se espera tenga una devaluación de 30%— y Ecuador; y el menor presupuesto en inversión, son, entre otros, factores que incidirán negativamente en la generación de empleos.
El reto será entonces adelantar políticas públicas con alto impacto en el empleo. Recientemente, en una reunión de prestigiosos economistas, este fue tema centro de debate y, la verdad, no se encontraron fórmulas mágicas. Obviamente, una prioridad debería ser llevar a cabo obras de infraestructura importantes con el apoyo del sector privado —los fondos de pensiones tienen el dinero que no tiene el Estado—. Otra, las alianzas con los entes locales que podrían adelantar obras generadoras de empleo. Y como suele ocurrir en estas reuniones, se destacó la importancia de reducir los costos asociados a la nómina.
Sobre el tema de los parafiscales quisiera refrescar una idea que he planteado, junto con el Consejo Privado de Competitividad, acerca de la importancia de hacer efectiva la aplicación del artículo 43 de la Ley 590 de 2000, que dice que los aportes parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las cajas de compensación familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas, serán objeto de sustanciales reducciones durante sus primeros tres años de operaciones.
Desafortunadamente en la práctica esta disposición legal no es utilizada por los empresarios, por la dificultad para su aplicación. Esta ley no es operativa debido a que el sistema PILA no permite efectuar los descuentos autorizados y el empresario debe acudir a solicitar la devolución de lo pagado, cada mes, a cada entidad, utilizando trámites engorrosos. Para corregir este hecho y cumplir con el mandato establecido en la ley, sería un muy buen primer paso reformar cuanto antes la Planilla Integral de Liquidación de Aportes. Así se alivian los costos de los parafiscales sin tener que acabarlos y se promueve la creación de empleo.