La propuesta de una comisión legislativa, que incluya a representantes de las Farc, sigue la línea que han llevado otros procesos exitosos, como el sudafricano, para la refrendación de los acuerdos finales en las mesas negociadoras.
La refrendación de los acuerdos con las Farc no se deberían tramitar por el Congreso de la República en pleno ni mediante un referendo popular. Mucho menos por una constituyente, que por demás el Gobierno ha dicho que está descartada. Hay que blindar a este último paso, en lo posible, del oportunismo político, el clientelismo y la imprevisibilidad de una opinión pública dividida. Debe ser ágil pero no afanado, y para darle legitimidad, deben participar de él grupos políticos distintos a los de la “Unidad Nacional”.
Las Farc deben entender que este proceso de paz y su aprobación final no es un asunto de ellos y el Gobierno, sino un asunto de ellos y el Estado (por no decir la sociedad en su conjunto, aunque esto último no se puede legislar ni acordar en una mesa negociadora).
La primera opción, que los acuerdos se tramiten por el Congreso, requiere demasiados debates e instancias de discusión, y esto frustra la agilidad que debería tener el paso final de las negociaciones.
Además, expone a los acuerdos finales a modificaciones en el texto sin que las Farc tengan voz y voto en el proceso. Esto implica dejar por fuera a uno de los negociadores en la refrendación de los acuerdos, que resulta un contrasentido si de lo que se trata es que el grupo pase de ser subversivo a ser participativo.
Si bien durante la aprobación en el Congreso de la ley de Justicia y Paz no hubo, oficialmente, representantes del paramilitarismo, en la práctica estuvieron allí y votaron, pues un porcentaje importante de los congresistas era aliado político de los paramilitares cuando la ley fue aprobada.
Una comparación de la refrendación de estos acuerdos con la ley de Justicia y Paz tiene muchos problemas, pues la fachada oficial de lo que fue la redacción, los debates, la aprobación e incluso la aplicación de ley de Justicia y Paz, no tiene en cuenta la profunda presencia paramilitar en el Estado.
Por último, una refrendación de los acuerdos por el Congreso en pleno los hace vulnerables a las componendas políticas que, lamentablemente, son el pan de cada proceso legislativo. Y este proceso, que es de una enorme importancia, sería aprovechado, para lograr la mejor retribución, por los grupos políticos o los congresistas individuales sobre quienes recaiga, en la práctica, la aprobación final o su hundimiento (los Yidis Medina de la refrendación).
La otra opción, el referendo popular, es llanamente irresponsable. Con lo dividida y volátil que ha demostrado ser la opinión pública hacia las negociaciones en La Habana, someter los acuerdos a una consulta popular es como sobrellevar tres años de difíciles negociaciones para, en el instante final, hacer depender su éxito del lanzamiento de una moneda. Cara o sello.
Darle facultades extraordinarias al presidente para que valide o no los acuerdos finales, así sea consultando con una comisión especial, sin importar lo sublime que sea su sabiduría, es otorgarle demasiado poder al Ejecutivo en el proceso. La oposición y los demás partidos deben tener voz y voto en las decisiones finales para darles legitimidad en una democracia.
El «Congresito» no se lo inventó Juan Manuel Santos. Desconozco si esta fue su fuente de inspiración, pero un órgano especial similar fue el que refrendó los acuerdos finales en torno a la nueva constitución sudafricana, que fue el fruto de los acuerdos de CODESA I y CODESA II, las mesas de negociación para poner en el papel el fin de la dictadura apartheid, y para abrir al país hacia la democracia.
En Sudáfrica, el Proceso Multipartidista de Negociación fue la instancia en la que todos los grupos políticos, incluyendo al Congreso Nacional Africano (el grupo “subversivo”), se reunieron para refrendar los acuerdos finales, cuya negociación, por demás, tardó tres años, aproximadamente lo mismo que han tardado las negociaciones en La Habana.
El proceso final de refrendación tardó un año, así que probablemente el colombiano tardará lo mismo. No creo que el proceso finalice hasta el cuarto trimestre de 2016, o incluso principios de 2017. Es lo normal en negociaciones exitosas de este tipo.
Hay, sin embargo, algunos detalles que serían importantes si se pone en práctica esta opción. En primer lugar, el Gobierno y las Farc deben tener poder de voto y asumir siempre la misma posición en la mesa. Los acuerdos son, finalmente, aquello en lo que ya están de acuerdo. Como representantes de la contraparte y de la mayoría electoral, juntos tienen mayor legitimidad que la oposición.
Segundo, debe haber un muy activo acompañamiento internacional en esta etapa final, encabezado por figuras de un enorme prestigio. Esto haría que la oposición a los acuerdos finales no fuera sólo una oposición al Gobierno y a las Farc, sino a personajes de un importante poder simbólico y moral, y a países que han ofrecido su apoyo. Además, los representantes internacionales deberían poder tener voz, aunque por supuesto no voto, en el proceso de refrendación.