Esta semana fue de coincidencias siniestras. Al día siguiente que el periodista Gonzalo Guillén denunciara que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tiene un apartamento en Madrid y otros bienes que no ha declarado ante las autoridades tributarias de Colombia, la Fiscalía capturó al abogado Álex Vernot, amigo personal de Guillén. Y al día siguiente de la captura de Vernot, dos sicarios intentaron asesinar en Riohacha a la lideresa Matilde López Arpushana, que ha denunciado la crisis alimentaria de los wayuu en La Guajira.
Los episodios distantes convergen en una imagen: la del afiche de promoción del documental El río que se robaron, sobre cómo la desviación del río Ranchería en La Guajira, para favorecer a la mina de carbón del Cerrejón, desató una hambruna entre los niños indígenas wayuu. El director del documental es Gonzalo Guillén; el productor, Álex Vernot, y Matilde López, una de sus principales protagonistas, es la mujer que aparece de espaldas en la fotografía de promoción.
Aunque mi participación en el documental no fue tan profunda como hubiese querido, pues durante el rodaje pasé la mayoría del tiempo trabajando en Sudáfrica y en China en otros proyectos, yo figuro como codirector. El relato de estas casualidades es el tema de mi columna.
Las coincidencias ponen de relieve dos de los males más graves que enfrentamos en Colombia: el asesinato sistemático de líderes locales de organizaciones base, y la excesiva cercanía de intereses públicos y privados en las altas esferas de la justicia y el Estado.
Matilde López ha sido vehemente en sus denuncias contra el convicto asesino Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira por el partido Cambio Radical, que fundó y en el que militó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Kiko Gómez le puso precio a la cabeza de Gonzalo Guillén, quien le dio una plataforma a López en el documental y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que sus acusaciones y denuncias tuvieran un eco mundial. Al igual que Daniel Coronell, creo en la honestidad de Gonzalo Guillén y por eso he trabajado orgullosamente con él durante varios años.
Guillén realizó las exitosas investigaciones periodísticas que llevaron a prisión a Kiko Gómez. Ahora Guillén publica investigaciones cuyo tema son los bienes ocultos de Néstor Humberto Martínez.
El fiscal general Martínez probablemente asumió que las investigaciones de Guillén son una retaliación del empresario Carlos Mattos por el proceso que contra él lleva la Fiscalía. No me consta, por supuesto, pero veo cómo Martínez pudo asumir que, como Álex Vernot es amigo de Guillén, fue a través de Vernot, y por ende Mattos, que Guillén obtuvo los documentos de las propiedades en España.
Si yo fuera Martínez quizás habría pensado eso. Aunque no fue así la cadena, sino mucho más mundana, pues Guillén supo por otros conocidos sobre el apartamento en España, tendrían lógica las suposiciones de Martínez. Álex Vernot sostiene que en este orden hipotético su captura habría sido un ágil contragolpe. Una venganza.
Con Álex Vernot, a diferencia de Guillén, mi relación es contradictoria. Por un lado, mi trato personal con él es muy bueno, y le tengo gratitud porque ha sido un importante apoyo para dos documentales que realicé con Guillén: Operación Jaque: una jugada no tan maestra y El río que se robaron. Cuando trabajamos en la productora que él montó, me parecía genuino su interés en decir la verdad sobre estos episodios y su actuar estaba libre de intereses personales. Lamento y me alarma su captura, basada en débiles pruebas. Álex Vernot siempre fue profundamente respetuoso del trabajo que realizábamos con Gonzalo y en ningún momento pretendió intervenir en el resultado del producto periodístico. De hecho debo resaltar esto: Vernot y Guillén pueden ser amigos, pero nunca vi que aquél pretendiera encauzar investigaciones de Guillén.
Pero es una relación que a la vez me resulta incómoda, y creo que él lo sabe, pues fue responsable de que en el 2001 Gustavo Petro le abriera un debate en el Congreso a mi madre, María Luisa Chiappe, ex superintendente bancaria. Para ganar la multimillonaria demanda de los hermanos Gilinski contra el Sindicato Antioqueño por las acciones de Bancolombia, caso que enriqueció a Vernot y le permitió abrir la productora de documentales, la estrategia fue usar a Petro para abrir un debate político y público en un asunto que debía ser estrictamente judicial. Esto ayudó al pleito y quizás no sea una coincidencia que desde entonces los Gilinski apoyen con créditos y financiaciones las campañas de Gustavo Petro. Creo que en el proceso jurídico debieron haber encontrado fuertes coincidencias políticas. Los contactos entre Petro y Vernot, por cierto, los hizo Néstor Humberto Martínez que, según el artículo que adjunto a continuación, hacía parte con Álex Vernot del equipo legal de los Gilinski. Más coincidencias.
Acepté trabajar con Álex, en parte, porque en el 2010 supuestamente había dejado el ejercicio del derecho y se dedicaba exclusivamente a la producción audiovisual y a los análisis de la realidad colombiana. La historia con el Banco de Colombia, los Gilinski y Petro hacía parte del pasado, y tras una conversación con mi madre convinimos que una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa. Fue una decisión difícil para mí, que entendería si se interpreta como oportunista y poco leal, pero la tomé poniendo las cartas sobre la mesa.
El asesor legal de mi madre en este caso, para ser meticuloso en los detalles, fue Yesid Reyes, quien hizo un trabajo formidable. No por esto, sino por una honestidad y experiencia que es de conocimiento público, lamento que Martínez en lugar de Reyes haya sido elegido para ocupar el cargo de fiscal general. Mónica Cifuentes también hubiese sido mejor que Martínez. De hecho, es trágico y muy diciente de los intereses que motivan la alta justicia que el actual fiscal general sea el único indeseable de la terna.
Néstor Humberto Martínez cenó en casa de mi familia cuando yo era adolescente y él aún era samperista –una época que quizás los dos preferiríamos olvidar–, y me impactó su amabilidad y lucidez. Esto fue antes que él diera el insólito brinco al pastranismo, el primero de los muchos triples saltos mortales que durante su exitosísima carrera ha ejecutado de una orilla a otra de la política y de la justicia. Volteretas que por demás resultan admirables a causa de su temeridad e inconsistencia. El fiscal general es muy leal consigo mismo.
Se advirtió antes de su elección que el fiscal general Néstor Humberto Martínez corría el riesgo de poner la Fiscalía a servicio de sus múltiples intereses personales y profesionales. El caso que rodea a Carlos Mattos es particularmente complejo, porque él mismo fue el abogado de Mattos. Es más, el único testigo contra Álex Vernot, Luis David Durán, que es la persona que dice que fue objeto de un intento de soborno por parte de Vernot, estuvo en el amplio equipo legal de Mattos junto con la firma de los Martínez (padre e hijo).
Me hago una pregunta: ¿por qué Martínez (padre y/o hijo) no denunció esos delitos que hoy investiga la Fiscalía, pues se habrían cometido en febrero de 2016, cuando los Martínez aún hacían parte del equipo que asesoraba a Mattos? Quizás no tenían conocimiento de ellos. Al fin y al cabo era un caso grande que tenía dos frentes: el de Hyundai y el del grupo ecuatoriano Eljuri.
Sin embargo, otra vez Martínez hace un triple salto mortal: del equipo de defensa de Mattos al equipo de persecución de Mattos. El fiscal general no puede desestimar este obvio conflicto de intereses con la superficial y distractora respuesta de que es «objeto de una conspiración». Conspiración de la que por demás no ha presentado ni una sola prueba. ¿Cómo sabemos que está persiguiendo a todos los que están relacionados en el caso y que no está siendo selectivo? ¿Cómo sabemos que estas personas fueron las únicas que cometieron irregularidades y que el fiscal general no está poniendo a unos bajo el fuego para proteger a otros? Es precisamente porque estas preguntas siempre quedan abiertas que los funcionarios más honestos se desmarcan de las investigaciones que de una manera u otra les comprometen y se declaran impedidos.
Él dice ante las cámaras de televisión que es víctima de una vaporosa persecución, de publicaciones compradas, y no presenta ninguna prueba. ¿Acaso no es eso calumnia? Como mínimo, es una defensa inaceptable frente a las múltiples inconsistencias, conflictos de intereses, y posible evasión de impuestos y ocultación de bienes de los que se le está acusando con pruebas bastante sólidas.
Como dijo esta semana María Jimena Duzán –periodista a quien el fiscal general ya ha intimidado con una acción de tutela– a propósito del caso Odebrecht, el fiscal general Néstor Humberto Martínez es juez y parte.
Twitter: @santiagovillach