Cuando los precios del petróleo estaban casi en su tope, el gobierno del Ecuador invirtió una millonada censurando una página de internet.
Se llamó la Operación Walkiria, como el plan para matar a Hitler. En este caso se trataba de un objetivo bastante más modesto: censurar una página de internet. Bananaleaks, un proyecto periodístico que operó entre diciembre de 2012 y enero de 2013, presentó información muy incómoda para el régimen de Rafael Correa. Publicó, por ejemplo, las cuentas bancarias clandestinas del presidente Correa en Europa, que el Secretario de Comunicaciones del Ecuador había plagiado su tesis de doctorado y que el presidente del banco central había trasladado dinero a paraísos fiscales.
Todo está detallado en un informe interno de la empresa de inteligencia EyeWatch, que fue contratada por el gobierno del Ecuador para coordinar la eliminación del portal periodístico cuyo nombre estaba irónicamente inspirado en dos cosas: en Wikileaks, cuyo fundador realizó un loable trabajo contra los excesos de muchos estados y grupos de poder, pero que ahora debe hacer una excepción con el gobierno de Rafael Correa, al que publicita, para que éste a su vez lo asile en su embajada en Londres; y en el banano, principal producto de exportación de la república durante el siglo XX.
EyeWatch empleó a una red de hackers en Argentina, Rusia, México y Ecuador para bombardear a Bananaleaks con visitas. Esto ocasionó el colapso de la página el 31 de enero de 2013. La Operación Walkiria no se detuvo allí. De inmediato se duplicó el portal y se creó una versión apócrifa, con información falsa, destinado a desprestigiarlo.
La compleja operación de ataques cibernéticos e imposturas periodísticas hace parte de un enorme presupuesto destinado a la censura internacional cuando se producen críticas y revelaciones contra un gobierno que ha fomentado la corrupción, ha minado la libertad de expresión y de prensa, y ha criminalizado a la protesta social.
Sin embargo, el gobierno del Ecuador haría bien cuidando mejor el dinero que desembolsa para silenciar a sus opositores, y a quienes denuncian los comportamientos criminales de sus funcionarios, pues hoy batalla contra un vendaval en su política económica.
La bonanza del petróleo ha llegado a su fin, y con ello la lluvia de dólares del régimen Correa. Los precios se desplomaron a más de la mitad desde que efectuó la batalla contra Bananaleaks: de 112,93 dólares el barril, en enero de 2013, a 52,13 el 8 de octubre de 2015. Cuando había vacas gordas sobraba dinero para invertir en grandes operaciones internacionales de censura, ahora no.
Hasta el momento se ha revelado que se invirtieron 4,6 millones de dólares en censura. El total es mucho mayor, pues eso no incluye, por ejemplo, el dinero invertido en la campaña emprendida por la compañía española Ares Rights, contratada por el gobierno Correa para censurar el documental Rafael Correa: retrato de un padre de la patria. Este documental, cuyos derechos liberé en diciembre de 2012, luego de ser emitido en Estados Unidos, para que pudiera circular en internet, fue eliminado de la plataforma de video YouTube, por una supuesta violación de derechos de autor.
Gracias a la asesoría ad honorem del abogado y colaborador de LaSillaVacía, Carlos Cortés, por la que le tengo una enorme deuda de gratitud, logramos que YouTube restaurara en mi cuenta del portal el acceso a un documental que yo mismo había dirigido.
Pero esta absurda historia de la censura a Rafael Correa: retrato de un padre de la patria, la he descrito en otras columnas. En este caso, el elemento novedoso es la compleja red de hackers empleada para desmantelar a Bananaleaks. Gastos, al final, innecesarios y tontos, pues finalmente la censura no ha hecho más que llamar más la atención sobre la información. Es el efecto búmeran de la censura.