Ha contribuido a la seguridad pero fomentado la corrupción. En ésta y en la siguiente columna daré algunas apreciaciones sobre esta controvertida política.
La verdad más incómoda del Plan Colombia es que la situación de seguridad en el país está sustancialmente mejor ahora que hace 15 años, en parte gracias a la política de cooperación militar con Estados Unidos.
Digo una verdad, porque el fortalecimiento de la lucha contraguerrilla desde el aire -y en menor medida la tierra-, ha sido uno de los principales componentes en el debilitamiento que llevó a las Farc, y ahora al Eln, a la mesa de negociaciones.
Y digo que es incómoda, porque el Plan Colombia fomentó una década y media de corrupción en gastos militares y práctica política, no sólo en Colombia sino también en Estados Unidos. Además, ha impulsado un estado de guerra (o un Estado para la guerra, si se quiere), que a largo plazo no logró su objetivo principal: eliminar el narcotráfico en Colombia.
El Plan Colombia desde el contexto estadounidense no es una perspectiva que se resalte a menudo en los comentarios que se hacen desde Colombia, así que comienzo por él.
Cuando terminó la Guerra Fría, los gerentes de las grandes contratistas y compañías de armamento estadounidenses se propusieron aumentar ventas a pesar de que -o precisamente porque-, como dijo en 1991 Colin Powell, entonces presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, «se me están acabando los enemigos. Sólo me quedan Castro y Kim Il Sung».
Gracias al lobby de la industria de defensa sobre los congresistas que representaban los estados en los que aquellas compañías tenían sus fábricas (y su fuerza laboral), y de las presiones del Pentágono y el Departamento de Defensa, se logró la aprobación de un fondo de 15.000 millones de dólares, que le proporcionaría préstamos con bajos intereses a países que potencialmente fueran compradores de armas. Bill Clinton lo firmó en diciembre de 1995.
Entre los países que encajaban como anillo al dedo estaba Colombia, al que destinaron, en 1999, 1.300 millones de dólares para ayuda militar. La mayoría de esto y de las siguientes ampliaciones por más de 1.000 millones, fue para comprar helicópteros y aviones (esto incluye los gastos en mantenimiento de los helicópteros y el entrenamiento para volarlos), así como personal y químicos para el programa de aspersión de cultivos.
Las empresas de armamento estadounidenses, que eran las directas beneficiadas, fomentaron la corrupción en Estados Unidos por el intenso lobby que ejercieron, no sólo para que se aprobara el Plan Colombia, sino para determinar en qué gastarlo. Es decir, a cuál osito goloso favorecer.
Lockheed Martin, por ejemplo, pagó una encuesta según la cual el 56% de los votantes estadounidenses aprobarían un plan de 2.000 millones de dólares para comprar aviones contra-narcóticos para Colombia. Las compañías energéticas Occidental, BP y Enron contrataron también firmas de lobby (por no mencionar a la firma de lobby de Vernon Jordan, el amigo de Bill Clinton, contratada por el gobierno colombiano).
Fue tan evidente la gula por los millonarios contratos, que la prensa estadounidense describió como «la guerra de los helicópteros» a la competencia por la venta de helicópteros a Colombia. Las empresas United Technologies (Sikorsky), que fabrica los Black Hawk, y Textron (Bell), que fabrica los Huey y Huey II, gastaron 30 millones de dólares en contribuciones para campañas políticas. Christopher Dodd y Joseph Lieberman, dos congresistas de Connecticut que fueron importantes defensores del Plan Colombia, recibieron aportes de 71.500 dólares por parte de United Technologies. El entonces director de Human Rights Watch, Robin Kirk, dijo que debería llamarse el Plan Connecticut.
La corrupción legal e ilegal que rodeó al Plan Colombia es una muestra de cómo la codicia empresarial es el timón de la política exterior estadounidense: siempre en busca de nuevos enemigos.
En la próxima columna haré una evaluación desde una perspectiva colombiana.
Twitter: @santiagovillach