La deshumanización y crueldad de las políticas hostiles a los inmigrantes no es una práctica nueva para Estados Unidos. Supondría uno, sin embargo, que sus gobiernos la habrían superado. Al menos la fría sevicia y el abyecto maltrato a los niños y a sus familias. Que el siglo XXI hubiese traído cierto grado de sensibilización ética, porque algo ha debido aprenderse de los regímenes que separan a padres de sus hijos por motivos políticos.
Sí, políticos; pues cruzar una frontera sin permiso no afecta la integridad física, económica ni moral de nadie. Acceder a un territorio sin procesar el permiso gubernamental podría complicar su política demográfica si se hace en masa y, para concederles el argumento a los críticos de la inmigración ilegal, su orden tributario. Pero precisamente por esto se trata de un delito político. El grado de apertura o cierre de las fronteras de un país responde a una decisión política con respecto al ordenamiento de un territorio.
Ese desprecio por la dignidad de los inmigrantes comenzó casi con el nacimiento de Estados Unidos como nación independiente. Benjamin Franklin, por ejemplo, detestaba a los alemanes. Los inmigrantes católicos eran indeseados a principios de siglo XIX. Sin embargo, fueron los chinos los que padecieron las primeras políticas duras contra la inmigración en Estados Unidos.
La fiebre del oro en California atrajo a la mayoría de los chinos que llegaron a partir de 1850, pues en ese entonces en China comenzaba la Rebelión de los Taiping, la más sangrienta guerra civil de la historia. Los inmigrantes fueron bien recibidos por los americanos del norte durante la etapa de bonanza, cuando hacía falta mano de obra barata que trabajara largas horas sin chistar. Pero al tiempo que el oro se hizo más escaso en California y la economía cayó en crisis durante la década de 1870, los estadounidenses endurecieron su postura hacia los inmigrantes. Se les acusaba de estar quitándoles los empleos a los trabajadores locales.
El primer Donald Trump de Estados Unidos fue Chester A. Arthur, quien firmó la ley más dura contra la inmigración hasta el momento: la Ley de Exclusión China. Si bien la comparación resulta efectista, también es un tanto odiosa. En lugar de presionar por la aprobación de la ley en el Congreso, Arthur fue presionado por un Congreso que la votó con amplias mayorías. Incluso la debió vetar dos veces porque violaba tratados internacionales. Es la situación inversa al presidente que insiste en construir un extravagante muro fronterizo que tendría poco más de la mitad de la extensión de la Gran Muralla de China.
A partir de 1882 y durante diez años, Estados Unidos vetó el ingreso de chinos (la ley en 1892 se extendió hasta 1902, y tuvo respaldos sucesivos hasta su derogación en 1943, cuando Estados Unidos y China fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial). A la promulgación le siguió la aplicación y, como siempre en estos casos, el exceso y la violencia. Envalentonados por el respaldo federal, los locales de armas tomar implementaron lo que luego se conoció como «La Expulsión». Comunidades de blancos hostigaban, linchaban o ejecutaban a los chinos con el propósito de hacer «limpieza étnica» en sus localidades.
La xenofobia en Estados Unidos motivó que incluso las familias emprendedoras buscaran un futuro –para qué hablar ya de «mejor»– en México. Chinos ricos y pobres bajaron por tierra cruzando la frontera con Estados Unidos: un camino que hoy en día sólo recorren en ese sentido y sin intención de regresar los gringos fugitivos, los gringos bohemios, los gringos desastrados. Padres deportados sin sus hijos pequeños.
NOTA: A partir de la próxima semana, esta columna se publicará los miércoles. Espero que el cambio no cause inconveniente alguno a mis lectores.
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