La relación entre los grandes narcotraficantes y los estados que los combaten siguen un mismo patrón que no va a cambiar, porque el narcotráfico no se va a acabar.
Son arquetipos: el personaje cambia pero su historia es prácticamente la misma. Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo», se fugó de «El Altiplano», la prisión de máxima seguridad en México, recordando ligeramente a la historia de Pablo Escobar, que si bien no ha representado para ese país un episodio tan humillante como el de Escobar y su palacio-prisión de «La Catedral», resulta el más vergonzoso de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Es embarazoso porque pone en evidencia que su autoridad, como las cámaras de la celda de «El Chapo», tiene puntos ciegos, y lo es todavía más por la presunción con que Peña Nieto presentó la captura. Hace un año había dicho que una fuga sería «imperdonable». Hoy, por supuesto, él no es responsable. La palabra de un presidente nunca hay que tomarla demasiado en serio.
El presidente Peña Nieto habría debido ser más cauto. Si bien resulta espectacular, el escape del «Chapo» Guzmán de prisión también es predecible. No sólo porque ya había huido una vez, sino porque con pocas excepciones, en América Latina cuando los grandes jefes del narcotráfico están en la cárcel es de forma relativamente voluntaria. Su poder económico y sus contactos son tan influyentes que una vez toman la decisión de salir, es cuestión de tiempo hasta que logren madurar su estrategia de huida. La extradición a Estados Unidos existe porque en América Latina aplicar justicia al capo es algo que supera la capacidad del estado.
Sin embargo, a pesar de que el sistema tantas veces se acomoda a sus planes, a la larga es el sistema, no el capo, el que dicta el desenlace. Un capo es un enemigo poderoso, pero tarde o temprano su carrera acaba con la muerte o en una prisión estadounidense, porque la lucha es desigual: los recursos que se invierten contra el capo son mayores de los que él puede movilizar para mantener su carrera criminal.
Este enfrentamiento no es el de la legalidad contra la ilegalidad, como muchas veces se presenta falazmente, pues los funcionarios estatales muchas veces hacen parte de la ilegalidad y participan de ella en alguna medida. La relación entre los estados y los narcotraficantes, además, incluye etapas de cooperación y complicidad. Ya se ha probado que el principal motor de la lucha antidrogas, Estados Unidos, ha colaborado y apoyado redes narcotraficantes en el pasado.
En realidad, la lucha es entre un sistema que exige una rotación de capos y los capos de turno. De hecho, podría incluso decirse que la lucha no es contra el narcotráfico en sí, sino contra los narcotraficantes que se exponen a quienes viven de desbancarlos, ya sea por debilidad, por mala suerte, por ambición o por ser excesivamente sanguinarios.
Uno de los problemas de la supuesta lucha contra el narcotráfico es que el presupuesto de las instituciones diseñadas para ella depende de que el negocio de la droga sea grande. Por ejemplo, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), lucha contra el narcotráfico pero vive de que exista el narcotráfico. He hablado con ex funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que se han quejado de la poca disposición de la DEA en Colombia para combatir a los grandes narcotraficantes. En las palabras de un ex agente, «podan las ramas pero no van por el tronco porque no les conviene».
No obstante, los Estados Unidos y los estados latinoamericanos tienen que capturar y matar a grandes capos para demostrar que la lucha es efectiva. El capo en realidad puede ser cualquiera. Hoy es «El Chapo», pero mañana «El Chapo» morirá en un enfrentamiento con la policía y pasado mañana el capo será otro. Ese también será apresado y se fugará de la cárcel. Lo importante para que el sistema se mantenga es que el capo cambie. Y habrá sucesivos torbellinos de narcos y violentas transiciones, como las hemos visto desde hace más de treinta años, hasta que haya una legalización del comercio de todas las drogas.
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