La política antidrogas del nuevo presidente de Filipinas se resume en tres palabras: tirar a matar.
Ella luce su corona de princesa y esa plástica sonrisa que tan sólo se exhibe ante una cámara. Él, en cambio, apenas medio sonríe con el lado izquierdo de la boca, satisfecho en la vanagloria de quien estrena las mieles del poder. Ella es reina de la belleza; él, presidente. Pía Alonzo Wurtzbach, Miss Universo 2015, y Rodrigo Duterte, primer mandatario de Filipinas, son los personajes del año en el país-archipiélago, y al tiempo que ella acomoda su smartphone dorado para tomar un selfie en el Palacio Malacañán, los cadáveres se amontonan en las calles de Manila.
La victoria de Rodrigo Duterte en las elecciones presidenciales de mayo es el resultado del mismo hastío popular con la criminalidad que impulsó a Alberto Fujimori y Álvaro Uribe a las presidencias de Perú y Colombia. Duterte, sin embargo, ha sido más abierto que aquellos mandatarios de «mano dura» en su desprecio hacia las garantías procesales y los derechos humanos. A los pocos días de asumir la presidencia, invitó a los ciudadanos de Filipinas a asesinar drogadictos y jíbaros, y aseguró que perdonaría a los policías que dieran de baja a sospechosos. Él mismo advirtió: «A los que anden con drogas, los voy a matar».
El resultado ha sido un aquelarre de ejecuciones extrajudiciales. La policía ha matado a 107 sospechosos entre el 30 de junio y el 10 de julio, según Phelim Kine, director encargado de la división asiática de Human Rights Watch. Otros abogados de derechos humanos dicen que la cifra llega a 212. Esto no incluye al número de cadáveres que en distintas ciudades del país amanecen a un costado de la calle, con letreros que describen el delito: expendedor de drogas, ladrón, drogadicto, etcétera. Se asume que son ejecuciones a mano de civiles, incitados por el grito de batalla de Duterte y su promesa de erradicar la criminalidad en Filipinas durante los primeros seis meses de su gobierno.
Si se creen las cifras del presidente, durante las últimas tres semanas se han entregado a la justicia 72.000 personas. Es decir, casi el doble del número de guerrilleros y paramilitares que había en Colombia durante el paroxismo del conflicto armado, hacia el año 2000.
Pero así sean números maquillados, no fueron sólo palabras las que impulsaron la popularidad de Duterte. El presidente fue durante 22 años el alcalde de Dávao, una ciudad que según la propaganda de campaña pasó de ser una de las más inseguras de Filipinas, a una de las más seguras, aunque los críticos de Duterte dicen que se trata de un mito. El caso es que a Duterte se le conocía como «Harry el Sucio» por una estrategia sanguinaria que quizás funcionó. Cuando se le vende el alma al diablo éste a menudo cumple su promesa. Y siempre cobra el precio.
Lo que se olvida cuando se le abre la puerta a los escuadrones de la muerte, y se le da rienda suelta a la policía y el ejército, es que el miedo no desaparece, simplemente muta. El temor al criminal se convierte en temor al estado, o a los parapolicías/paramilitares. La sociedad no deja de estar gobernada por la coerción, y el tejido social sigue dependiendo del ejercicio de la violencia. No hace falta un dictador o un gobierno totalitario para llegar a este punto. Como Colombia bien lo sabe, un pueblo desesperado es suficiente.
Los procesos electorales pueden convertirse en el peor enemigo de las libertades democráticas. Cuando una sociedad cree, correcta o incorrectamente, que se encuentra en una situación límite, al borde del abismo, surge esta contradicción en el seno de la democracia. Es su lado oscuro: la bestia que habita en la bella.
Y al tiempo que el terrorismo y la violencia racial ensombrecen al mundo desarrollado, no son sólo los filipinos quienes deben enfrentar la pregunta: ¿cómo proteger a la democracia cuando el pueblo mismo enfrenta la tentación de pisotearla?
Twitter: @santiagovillach