«Defender el Acuerdo es defender la centralidad de las víctimas», dijo Ximena Ochoa, representante de víctimas, cofundadora de Fevcol, al quejarse en una reciente edición de Semana en Vivo de que la Jurisdicción Especial para la Paz defraudaba las expectativas de las víctimas. Soy sensible a estos reclamos. Puedo entender que haya muchas víctimas de las Farc que se sientan defraudadas por el Acuerdo de Paz. En especial porque, en efecto, se crearon altas expectativas cuando se dijo que en el Acuerdo las víctimas tenían un lugar central.
Soy sensible a ese reclamo, pero no comparto que la solución sea tocar los Acuerdos y en especial la Jurisdicción Especial para la Paz.
El malentendido radica en que, si bien a las víctimas se les dijo que tenían un lugar central, eso no quería decir que la prioridad fuera asegurarse de que el Acuerdo les hiciera sentir a todas satisfechas en su exigencia de justicia. No por malicia, sino porque fue imposible conciliar sus expectativas con lo que las Farc estaban dispuestas a ceder. Para poder llegar a un punto de encuentro entre dos posiciones dispares (el Gobierno y las víctimas, por un lado, y las Farc por otro), la prioridad no podía ser satisfacer la posición de una de las partes, sino llegar a un consenso.
Un consenso implica ceder. La pregunta es entonces si el Gobierno cedió demasiado.
Las víctimas que hacen los reclamos a la Jurisdicción Especial para la Paz consideran que no hubo una sanción para unos crímenes que la merecen. Tienen razón. El Acuerdo se firmó hace más de dos años y en lugar de ver a los grandes cabecillas sancionados, están en el Congreso, en actividades políticas, refugiados en la clandestinidad del monte, o sencillamente delinquiendo como disidencias. Esto despierta una aguda indignación que alimenta la popularidad y la agenda del Centro Democrático: el único partido –con la posible excepción del Conservador– que siempre ha asumido una línea dura en este tema.
¿Pero cuál era la alternativa?
El mandato de los electores al elegir un segundo gobierno de Juan Manuel Santos era que concluyera la negociación con las Farc. Esa fue su victoriosa bandera de campaña. Por lo tanto, ante el impasse más importante de la negociación, que era si las Farc debían ir a la cárcel y si podían participar inmediatamente en política, los negociadores tuvieron que buscar alternativas que hicieran posible un punto de encuentro entre las dos posiciones. De lo contrario, la mesa quedaría estancada, la presidencia Santos concluiría, y el proceso probablemente habría naufragado.
Entonces se habría reanudado la guerra con las Farc, abriendo el terreno para que se multiplicara a futuro el número de víctimas. Para impedir más víctimas en el futuro, había que construir consensos que defraudarían a muchas víctimas del presente y el pasado.
Pero así como el mandato de elegir a Santos por segunda vez era concluir la negociación, el mandato jurídico del 50,2% de los electores que votaron en contra del Acuerdo exigía una renegociación que no satisfizo a los del No, y demostró que el país estaba irremediablemente polarizado con respecto a cuánto cedieron los negociadores del Gobierno.
El Acuerdo redefine el concepto de justicia y sanción, dentro de marcos internacionalmente aceptados, para conciliar la exigencia de las Farc de no sentirse humilladas ni limitadas como movimiento político. Al mismo tiempo, el Gobierno debía convencer a las Farc de que se acogieran a sanciones aceptadas por la Corte Penal Internacional. Sanciones que serán privaciones efectivas de la libertad durante un lapso de cinco a ocho años (si confiesan todos sus delitos, aceptan la responsabilidad y trabajan en la reparación de las víctimas, entre otras condiciones). La sanción se tendría que cumplir cuando la JEP emita sentencias, lo cual podría llegar a tardar una década, y puede cumplirse en un terreno que no supere el tamaño de un municipio. Si lo cumplen en Bogotá, por ejemplo, no podrían salir de la ciudad en un lapso de cinco a ocho años.
Son condiciones extremadamente favorables para las Farc. Más duras que con grupos guerrilleros anteriores, pero menos de lo que fue el proceso con los paramilitares.
La implementación práctica del Acuerdo ha terminado contradiciendo la opinión de aproximadamente el 78% de los colombianos, que en distintas encuestas dijeron que no estaban de acuerdo con que miembros de las Farc participaran inmediatamente en política, sin ir a la cárcel o tener ningún tipo de sanción.
Este es el núcleo de la impopularidad del Acuerdo. ¿Se equivocaron los negociadores al no haber insistido en aclarar mejor este punto?
Procuro ser muy cuidadoso al criticar aquello en lo que los negociadores del Gobierno se quedaron cortos. La guerrilla de las Farc negoció con un Gobierno ideológicamente más cercano a la derecha que a la izquierda, a pesar de que la derecha colombiana hoy por hoy considere a Juan Manuel Santos como una especie de guerrillero encubierto. Sus posiciones no partieron de simpatía a la guerrilla, sino de una posición diametralmente opuesta. Creo que los negociadores debieron lidiar bajo unas condiciones de excepcional dificultad para llegar a uno de los acuerdos de paz más decisivos de nuestra historia reciente.
Preveo, no obstante, que este punto será una fisura muy difícil, si no imposible de solucionar. No creo que buena parte de las víctimas queden satisfechas y ese 78% de colombianos seguirá pensando que el resultado no fue ideal. Esto sumado al hecho de que la guerra no se acabó, sino que se mantiene con otros actores (o los mismos actores disidentes), oscurece el panorama.
Hay que mantener los acuerdos que no terminan de satisfacer a todas las víctimas y esperar que la reparación que no hicieron las Farc ni el Gobierno la haga el tiempo. Algunos expertos internacionales en temas de posconflicto han dicho que un país tarda unos 20 años en superar los efectos polarizadores de una guerra civil.
Es el agridulce resultado de tener que ceder para que en Colombia bajen paulatinamente los índices de violencia, desde el pico que alcanzaron a finales de los años 90.
Twitter: @santiagovillach