La teoría de la conspiración de Noemí Sanín, que denuncia una relación entre el proyecto de canal interoceánico de Nicaragua y el fallo de la Corte de la Haya, no se sostiene ante el repaso de los hechos.
La teoría que la ex canciller Noemí Sanín insiste en difundir, según la cual el fallo contra Colombia en la Corte de La Haya fue para favorecer el canal interoceánico que un empresario chino quiere construir en Nicaragua, no se basa más que en supuestos y extrapolaciones. Es el ejemplo perfecto de una teoría de la conspiración.
Es seductora pero es falsa. El motivo por el que Sanín, después de un año y medio de anunciar tener las pruebas que sustentan sus acusaciones no las muestra, es porque no las tiene. Es imposible que existan, pues la trama sobre la que basa no concuerda con los hechos.
El punto esencial de Noemí Sanín es que una juez china, Xue Hanqin, que fue uno de los 15 magistrados que fallaron contra Colombia, debió haberse declarado impedida porque estaba defendiendo los intereses de un empresario de su país, Wang Jing, que quería construir un canal interoceánico en Nicaragua. La tesis es sin duda sugestiva. Toca fibras y prejuicios contra China que son fáciles de despertar, en especial en un territorio como Colombia, que por estar bajo la influencia de Estados Unidos es más propenso a mirar con sospecha al país asiático. Pero la teoría puede generar resonancias incluso en quien no simpatice con Estados Unidos, y simplemente observe a China como una peligrosa potencia en expansión internacional.
El primer punto es, entonces, que el empresario chino Wang Jing es en realidad un agente del gobierno de China. Que los líderes de China están ocultos tras la fachada de un multimillonario misterioso para ejecutar uno de los proyectos de ingeniería más ambicioso de América Latina. Esto delata cierto desconocimiento de cómo funciona en realidad el gobierno de China cuando apoya grandes obras de infraestructura.
Los principales proyectos que el gobierno de China está apoyando en América Latina son los grandes ferrocarriles, como el que busca unir a la costa Atlántica de Brasil con la costa Pacífica de Perú, e hidroeléctricas como la de Coca Codo en el Ecuador. El gobierno de China no ha tenido necesidad de ocultarse tras empresarios enigmáticos para apoyarlos. No es su proceder usual cuando se trata de grandes obras.
Es importante recordar que el proyecto no es impulsado por una empresa estatal de China, sino por un empresario privado. Esta diferencia es muy importante para comprender porqué es bastante improbable que el gobierno de China esté realizando un juego de alta diplomacia tras bambalinas. De hecho, como me dijo hace poco durante una entrevista Luke Patey, analista senior del Instituto Danés de Relaciones Internacionales, y experto en las inversiones de las estatales petroleras chinas en África, «que una empresa china sea propiedad del Estado no quiere decir que esté controlada por el Estado. Las empresas tienen sus propios intereses y el Estado de China no suele entrometerse en sus tomas de decisiones». Si es así con las empresas estatales, lo es más aun con las privadas.
Si el gobierno de China quisiera apoyar un canal interoceánico en Nicaragua lo haría abiertamente, como ha hecho con todos los megaproyectos en otras partes del mundo. No tiene nada qué ocultar. En cambio, en el 2012 el Ministerio de Comercio de la República Popular de China publicó una alarma recomendando a las empresas de China no invertir en el canal interoceánico. ¿Qué sentido tiene que el gobierno recomiende a las empresas de su país no invertir en un proyecto que hace parte de sus intereses geoestratégicos?
Finalmente, las fechas no encajan. Durante los años en que Noemí Sanín dice que la juez Xue fue colega de Carlos Argüello, el embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, el proyecto del canal ni siquiera se estaba discutiendo entre los Ortega de Nicaragua y Wang Jing.
Es probable que Wang Jing, el empresario que pretende construir el canal, tenga vínculos con el Partido Comunista de China e incluso con el Ejército de Liberación Popular, por motivos que he expuesto en otros artículos; pero incluso esto no prueba que tenga el apoyo del gobierno de China, ni que la decisión de una juez, de los 15 que fallaron unánimemente contra Colombia, haya sido el resultado de una manipulación urdida en Beijing.
Es muy fácil culpar a los «maquiavélicos chinos comunistas» por la pérdida de nuestro mar territorial en San Andrés, pero es más espinoso dar con los verdaderos responsables. Por demás, el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua es una idea demente que probablemente desencadenará una catástrofe ambiental, pero esa es tela para otra historia.
Twitter: @santiagovillach