Las sanciones económicas no tienen efecto disuasivo cuando afecta a los gobiernos o a las empresas estatales. Funcionan si hay un empresariado privado influyente que se vea afectado.
Los ejemplos históricos sugieren que las sanciones económicas sobre los regímenes autoritarios no motivan un cambio de régimen, salvo cuando estas afectan los intereses de grupos de poder no-estatales que tienen influencia sobre el gobierno. El ejemplo de Sudáfrica arroja que las sanciones contra el régimen del apartheid comenzaron a ser efectivas a mediados de los ochenta, cuando generaron las mayores dificultades al gran empresariado. Fue entonces que empresas como Anglo American ejercieron presión para llevar al gobierno hacia la mesa de negociación. En este caso el papel de la empresa privada fue decisivo.
Es, por ejemplo, a lo que pretenden jugar Estados Unidos y Europa en su ofensiva económica contra Rusia, que si bien no llevaría a un cambio de régimen, pretendería influir sobre los oligarcas que a su vez influyen sobre Vladimir Putin. Un obstáculo que podría enfrentar esta estrategia es que las sanciones afecten sobre todo a las grandes empresas estatales, y menos a los empresarios privados. Si el peso de las sanciones cae sobre las estatales y los funcionarios públicos, que rodearían al poder presidencial, su efecto se debilita.
Las sanciones económicas son prácticamente inútiles, e incluso contraproducentes para los intereses de quienes las imponen, cuando los principales afectados son las empresas estatales, los funcionarios públicos, o una economía sin un empresariado privado fortalecido. Esto porque con un hábil manejo de propaganda nacionalista las sanciones son fácilmente traducibles a un discurso de agresión extranjera, y pueden fortalecer la imagen del gobierno que se pretendía debilitar, o empujarlo hacia una posición defensiva o intransigente.
Las sanciones que están dirigidas contra quienes están en el poder no alterarán su interés en conservar el poder, porque tienen más qué perder si lo sueltan que si se aferran a él con mayor tenacidad.
En Cuba, por ejemplo, 50 años de embargo no tuvieron ningún efecto porque no había empresa privada. La isla podía subsistir en la pobreza indefinidamente sin que ningún grupo de poder rivalizara contra los Castro, o contra este Partido Comunista que en el futuro seguiría en el poder cuando mueran los hermanos. Igualmente, el fin del embargo no tiene porqué generar un efecto en cadena que concluya con el fin de la dictadura. Muchos gobiernos autoritarios incluso han hecho coincidir al capitalismo con el unipartidismo, así sea el de un Partido Comunista.
Cuando el gobierno está en pugna con el gran empresariado privado, como acontece en Venezuela, las sanciones que afectan a los grupos económicos no tienen más efecto político que debilitar a la oposición.
Tampoco tienen efecto las que están dirigidas a los funcionarios estatales. En diciembre, Barack Obama aprobó sanciones contra funcionarios del estado venezolano que habían participado en la represión violenta a las manifestaciones contra el gobierno. El gobierno de Venezuela respondió con una marcha oficialista en Caracas, en la que cientos de personas apoyaban al gobierno de Nicolás Maduro, mientras el presidente denunciaba por los micrófonos a los «yanquis arrogantes imperialistas». Los funcionarios objeto de las sanciones, entretanto, pueden seguir viviendo cómodamente en Venezuela. Si acaso, las sanciones pueden ser interpretadas por la oposición como un respaldo, y el no sentirse sola la fortalecerá moralmente.
En cambio, un país sobre el que las sanciones económicas podrían ser efectivas para motivar un cambio de política es Israel. El fuerte empresariado privado, que influye sobre el estado sin hacer parte de él, cuando se vea afectado podría ser una influencia positiva para generar cambios. Es poco probable, sin embargo, que los países que emplean las sanciones económicas para, supuestamente, motivar transformaciones internacionales de política (que son en especial los países de Europa y los Estados Unidos), procedan contra Israel para proteger al pueblo palestino.
Las sanciones suelen tienen un segundo componente que no es el de convencer a un gobierno de cambiar una determinada política o de abrir el juego democrático; sino el de realizar un castigo internacional ad hoc. Este tipo de maniobras serán moralmente importantes para el país que ejerce la sanción, pero como juicios éticos entre naciones no hacen más que fortalecer al régimen objeto de las sanciones. Pretenden distribuir una justicia que puede leerse como tendenciosa, por quien la imparte, y que desde la otra orilla puede ser distorsionada por la propaganda local. Serán efectivas, de nuevo, si motivan a que los grupos de poder no-estatales influyan sobre un gobierno para que realice un cambio de política.
Twitter: @santiagovillach