La primera tarea para construir la verdad es llamar a las cosas por su nombre. Sólo así la palabra y los relatos tienen un mismo sentido para todos.
En el proceso de oscurecimiento de la verdad que conlleva cualquier guerra, muchas cosas y acontecimientos pierden su nombre o se les da un nombre equivocado. El caso extremo es la negación misma de la realidad, como ocurrió en los ocho años en los cuales un gobierno decidió, contra toda evidencia, que en Colombia no había conflicto armado. Pero otra estrategia frecuente ha sido ponerle nombres suaves e inofensivos a realidades crueles, que es lo que se conoce como eufemismo. Para ir avanzando en el camino hacia la verdad que culminará tras los turbulentos y deseables acuerdos que se gestan en La Habana, esbozo apenas tres de los eufemismos más frecuentes y engañosos de nuestra guerra interna. Las casas de pique. Con esta ligera denominación nos acostumbramos a trivializar la existencia de lugares destinados a torturas extremas. Descritas por primera vez a comienzos del 2013, son centros en donde se han descuartizado y desmembrado vivas, antes de enterrarlas o arrojar sus pedazos al mar, a más de 32 víctimas hasta febrero del 2015, según varios informes de Human Rights Watch. Su funcionamiento constituye la más reciente mala ventura de Buenaventura, cuya Comuna 12 ha sido el epicentro de semejantes crueldades a manos de las nuevas versiones del paramilitarismo y en contra de poblaciones pobrísimas de desplazados y afrodescendientes, excluidos de casi todo. Semejantes acciones de terror, terrorismo puro y duro, han logrado su objetivo de acallar, inmovilizar, dividir y, sobre todo, de crear un clima de impunidad que muy poco ha logrado romper la insuficiente “intervención especial” del Estado. Los falsos positivos. Son crímenes de Estado, de lesa humanidad. Consisten en ejecuciones arbitrarias, por fuera de cualquier ordenamiento legal, cometidas por agentes del Estado, bajo el pretexto de enfrentar a algún enemigo en combates amañados o ficticios. No son nuevas en el país. Se registran desde comienzos de la década del ochenta del siglo pasado, pero se incrementaron exponencialmente durante los dos períodos del presidente Uribe Vélez. Según la plataforma Justicia por Colombia, entre 2002 y 2009 se registraron más de 3.000 ejecuciones de este tipo. El momento más crítico de esta modalidad de terrorismo de Estado fue en 2006, siendo ministro de Defensa el actual presidente de la República, cuando se registró un total de 390 víctimas, más de una por día. Con un agravante: la casi absoluta impunidad. Las pescas milagrosas. Al parecer fue en el M-19 en donde se empezó a llamar “pescados” a las víctimas del secuestro. Pero fue a finales de la década del 90 cuando, basados en una metáfora religiosa, las Farc generalizaron los secuestros colectivos e indiscriminados de población civil en retenes sorpresivos. Fue la banalización de esta modalidad de privación forzada de las libertades, con sus secuelas de horror en incertidumbre, impotencia, dolor, ruptura de vínculos familiares y reducción de los espacios sociales para sus víctimas directas e indirectas. Entre 1988 y 2007 se registró en el país un total de 33.461 secuestros por motivos socio-políticos, de los cuales casi la mitad es responsabilidad exclusiva de las Farc y el Eln. El pico más alto se dio entre 1998 y 2001, con un promedio de 9.4 secuestros por día. Buena parte de ellos fueron cometidos bajo el manto de este eufemismo de “pescas milagrosas”. Si la violencia es un código cifrado, parte del deber de verdad para superarla es descodificarla. Y la descodificación implica llamar al pan, pan, y a la guerra, guerra.