Por fin van disminuyendo los homicidios y volvemos a cifras como las de hace cuatro décadas y a tasas como las de hace tres décadas.
Los 12.193 homicidios que registró la Policía Nacional para el año pasado, y la consiguiente tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, son muy cercanos a los 12.935 casos registrados en 1985 y a la tasa de 24/100.000 que tuvimos en 1975. La mejoría es más notoria si comparamos los datos del año pasado con los 28.284 homicidios de 1991, el peor momento del actual ciclo de violencia, en plena confrontación armada de guerrillas, paras y narcos, y en la emergencia de las reformas neoliberales del gobierno de César Gaviria. Es posible inclusive que las cifras del 2015 se reduzcan un poco más cuando Medicina Legal depure los datos al reclasificar algunos eventos como suicidios o muertes accidentales, incluyendo accidentes de tránsito.
Los resultados del año pasado mejoran también la ubicación internacional del país en términos de criminalidad. Por varios años fuimos el país con las tasas más altas de homicidio del mundo y todavía en 2012, según la Organización Mundial de la Salud, ocupábamos el cuarto lugar. Ahora, aún en la región americana, que sigue teniendo las mayores tasas globales, estamos muy por debajo de países como El Salvador, que tuvo el año pasado una tasa oficialmente reconocida de 104/100.000, posiblemente la más alta a nivel mundial; de Venezuela, cuyo Observatorio de Violencia -institución no oficial- reportó 27.875 homicidios para 2015 y una tasa de 90/100.000, y de Honduras, cuya tasa estimada superó los 60/100.000 para ese año.
La complejidad de la violencia, y en particular de los homicidios, hace imposible relacionar su satisfactoria y estimulante reducción nacional con cualquier acontecimiento aislado. Pero pueden enunciarse algunos, cuya sinergia ayuda a explicar el fenómeno: la progresiva desactivación de las confrontaciones armadas mediante la desarticulación de algunos carteles del narcotráfico y las negociaciones con organizaciones paramilitares primero y guerrilleras actualmente; el fortalecimiento de la presencia estatal en territorios de los cuales prácticamente había desparecido; los esfuerzos por lograr mayor eficacia en la captura y enjuiciamiento de los homicidas; la gestión exitosa de algunas administraciones regionales y locales, y la progresiva reacción socio-cultural en defensa del valor de la vida y de la necesidad de formas civilizadas de convivencia y solución de conflictos.
Vamos mejorando, no hay duda. Pero debemos seguir en alerta roja por tres razones principales. La primera: siendo importante la reducción lograda, estamos todavía con cifras muy altas, incompatibles con la dignidad de la vida humana y con algunos estándares internacionales. Se considera en general que por encima de 10 homicidios por 100.000 habitantes la situación es grave, casi epidémica. Nosotros, como se dijo, estamos en 25 por 100.000. Y si bien ya no tenemos un homicidio cada media hora, como sucedió en los pasados cuarenta años, todavía tenemos más de uno por hora. La segunda: porque si no se atienden otras formas de violencia en el país, diferentes a las producidas por las confrontaciones armadas, los homicidios pueden volver a escalar niveles muy altos. Venezuela, por ejemplo, no vive una confrontación armada y ya se indicaron sus alarmantes cifras recientes. Y la tercera: Si se hace la paz con las guerrillas, pero no se hacen los cambios económicos, políticos y socio-culturales requeridos, los acuerdos de paz pueden quedar como letra muerta y las violencias, incluida la homicida, incrementarse peligrosamente, como hoy sucede en El Salvador. Estamos en el límite del tiempo para atender las alertas.
El autor es médico social.