MIAMI. Una perla sobresale de las tantas que al parecer tiene el libro de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y un halcón que viene volando bajo desde los tiempos de Ronald Reagan: la interferencia del presidente de Estados Unidos en investigaciones criminales relacionadas con empresas estatales de China y Turquía, con el fin de obtener favores de dictadores como Xi Jinping y Recep Tayyip Erdogan.
Al actual mandatario estadounidense lo subyugan los sátrapas de derecha. En una de sus tantas manifestaciones políticas —porque el hombre no ha dejado de hacer campaña desde que se posesionó en 2017—, declaró que Kim Jong-un le escribía cartas de amor, y tal romance, con tres encuentros entre los dos mandatarios en los que lo importante fue la foto, tuvo como resultado que Estados Unidos reconociera, de facto, que Corea del Norte es un país con arsenal nuclear, según análisis del exsecretario de la ONU, Ban Ki-moon.
El cuarto donde ocurrió, se titula la catilinaria del también exrepresentante de Estados Unidos ante la ONU, en la que, según lo han revelado los extractos del libro publicados por los principales medios de comunicación de Estados Unidos, se confirma que la política internacional del actual inquilino de la Casa Blanca se resume en una sola palabra: Trump. Es decir, la reelección es la única brújula que orienta al megalómano sin remedio, tanto en los asuntos domésticos como en los de geopolítica.
Para evitar que el libro se pueda distribuir la semana entrante, el Departamento de Justicia le pidió a un juez federal, mediante demanda, una acción de emergencia para bloquear la publicación. Pero el daño ya está hecho, porque la casa editorial (Simon & Schuster) se encargó de repartirla en las salas de redacción de The New York Times, The Washington Post, CNN, The Wall Street Journal, entre otras organizaciones periodísticas. Por lo tanto, será infructuoso el intento de censura por parte de la Casa Blanca. No hay duda de que las memorias de Bolton abren otro frente de crítica devastadora, esta vez en boca de un republicano radical y de la entraña misma del poder conservador en Washington.
De manera simultánea, la Corte Suprema frustró los intentos de Trump de congraciarse con su base, en dos temas cruciales: inmigración y la comunidad LGBTQ. En lo primero, el máximo tribunal de la nación falló en contra del actual gobierno en su intento por acabar con DACA, un alivio migratorio —expedido en 2012 por el presidente de entonces, Barack Obama— para jóvenes que llegaron al país siendo niños, traídos por sus padres indocumentados. Tal beneficio impide que cerca de 700.000 muchachos —a quienes se les llama “dreamers” o soñadores— sean deportados. En su agresivo discurso antiinmigrante, Trump buscó dejarlos sin estatus migratorio, situación que habría sido una calamidad para personas que, en la mayoría de los casos, se sienten estadounidenses y no tienen ningún nexo con sus países de origen.
El otro golpe de la Corte fue el de prohibir que un empleador pudiera despedir a un trabajador por su orientación sexual. Los evangélicos y cristianos más oscurantistas, que siguen a Trump como si fuera el profeta de la tierra prometida, habrían visto con buenos ojos que, gracias a los magistrados nombrados por su héroe, el alto tribunal hubiera mantenido la luz verde para que cualquier patrón prejuicioso y reaccionario prescindiera de los servicios de un empleado por ser homosexual.
La gran sorpresa para la extrema derecha y su líder es que dos de los miembros de orientación conservadora de la Corte —uno de ellos nominado por el presidente y ratificado por el Senado de mayoría republicana— se unieron a los cuatro liberales para fallar a favor (6-3) de los derechos de la comunidad LGBTQ.
Y con un mes de protestas diarias en 3.000 ciudades de la Unión Americana, motivadas por el asesinato de un afroestadounidense a manos de la policía de Minneapolis, transmitidas sin tregua, día y noche, por todos los medios y plataforma digitales, con denuncias documentadas en videos sobre cientos de atropellos de la policía durante las marchas, hay un enorme debate nacional que todos los días tiene nuevos ángulos y sorpresas.
Ante semejante dinámica, ¿sería exacto plantear que Estados Unidos podría caer por el abismo del fascismo, como lo han sugerido algunos analistas?
Ya no cabe la menor duda de que en la Casa Blanca hay un supremacista blanco, simpatizante de autócratas y con impulsos fascistas. Que tiene en su bolsillo a un partido amedrentado y cobarde y a un fiscal corrupto, los que han permitido, por ejemplo, que el presidente debilite la función fiscalizadora del Congreso, como se vio con claridad durante todo el drama del juicio político o impeachment.
Twitter le ha servido de plataforma inigualable para atacar a la prensa de manera inclemente y sin ningún reato de conciencia. Incluso, hace dos años ordenó que le quitarán la credencial al jefe de corresponsales de CNN en la Casa Blanca. El canal demandó al gobierno y ganó la querella legal. A regañadientes, tuvieron que restituirle al periodista el permiso para informar sobre lo que acontece en el recinto presidencial.
Como se ha visto durante la pandemia, y también en elecciones, Estados Unidos es un país federal hasta la médula, con una red de poderes locales que determina muchas de las políticas de la vida cotidiana de sus habitantes. Su sistema electoral es por completo descentralizado, y hay una serie de mecanismos que en principio garantizan la transparencia del voto. Pero existen serias amenazas contra el sufragio de las minorías. Las purgas en las listas de electores, los obstáculos para que los exconvictos recuperen sus derechos civiles, la manipulación de los distritos electorales, son apenas muestras de una amplia colección de herramientas para obstruir la participación de afroamericanos y latinos, comunidades que en su gran mayoría votan por los candidatos demócratas.
Es impresionante la manera como las grandes industrias y los gremios económicos compran liderazgos, decisiones políticas y triunfos electorales. Sin embargo, uno de los hombres más ricos del mundo, Michael Bloomberg, quien invirtió más de 700 millones de dólares en su campaña por la denominación demócrata, sólo ganó una elección primaria en Guam. La corrupción local es grave, así como la desmesurada influencia que tienen poderosos grupos de presión sobre decisiones en temas ambientales, económicos y de infraestructura que, al final, favorecen a unos pocos.
Todo lo anterior son limitaciones y desviaciones del sistema, pero no el caldo de cultivo para un posible ejercicio despótico del poder mediante la destrucción de los llamados pesos y contrapesos.
Este caudillo tropical, que quisiera perpetuarse en el poder al estilo cubano o chino, con un aparato militar a sus pies, ha hecho demasiado daño en el tema migratorio, en las relaciones internacionales y en ciertas normas no escritas de decoro presidencial, pero es muy poco probable que de caudillo pase a dictador con las Fuerzas Armadas marcando el paso.
Hoy, está en el peor momento de su presidencia, las encuestas no le son para nada favorables. Lo tienen sitiado varias crisis. Pero sus seguidores y aliados son optimistas. La coalición de fanatismo ideológico y religioso, con una alta dosis de oportunismo político, que sigue con deliberada ceguera al remedo de hombre fuerte lo quiere otros cuatro años en la Oficina Oval, y hará cualquier cosa para lograrlo. Ahí está el descomunal desafío para quienes se oponen a semejante posibilidad.