INTIMIDAR PARECE SER EL NOMBRE del juego.
Se estigmatiza con nombre y apellido, como para que no queden dudas. La Fiscalía se convierte en una bonita amenaza para empapelar periodistas; incluso, de manera sinuosa, buscan que la ONU y la OEA dejen de protegerlos en razón de documentadas amenazas contra sus vidas. Para las alturas del poder, eso de las medidas cautelares es una completa farsa.
La consigna es clara desde 2002: hay que cortarle el oxígeno político a la guerrilla; si se quiere, liquidarla de raíz. De acuerdo con los halcones de Palacio, “oxígeno político” significa todo lo que se pueda interpretar como complicidad con el terrorismo. Nada muy distinto a la doctrina Castaño y Mancuso, y a los que están detrás del resurgimiento paramilitar: un líder sindical, un activista, un defensor de derechos humanos, un militante de un movimiento legal de izquierda, se convierten en objetivo militar. En las regiones, esos personajes, que no tienen la notoriedad de periodistas, escritores o intelectuales, con reconocimiento internacional, son las víctimas de una perversa combinación de todas las formas del terror: la desaparición forzada, el crimen selectivo o la masacre.
Pero el Presidente ha hablado del “frente intelectual de las Farc”, en abierta referencia a quienes han apoyado y participado en el diálogo epistolar con las huestes de Cano. El Primer Mandatario, al señalar de esa manera a un grupo destacado de la sociedad civil, retoma la lucha ideológica que quedó acéfala con la extradición de los líderes de las Auc. Repite sus mismos argumentos, que sirvieron de justificación para los peores crímenes.
En estos momentos, cuando tantos ojos miran la realidad colombiana, desde diferentes lugares del mundo, con seguridad que no habrá asesinatos de reconocidas figuras del mundo intelectual o político, como en la década de los ochenta y noventa. Pero habrá intimidaciones, amenazas y búsqueda incesante de tratar de crear un manto de dudas: ¿Por qué ciertos periodistas logran tener acceso a la guerrilla? ¿Por qué hay jueces que parecen ensañarse contra los militares que han combatido a los subversivos? ¿Por qué el Polo Democrático nunca condena de frente los crímenes de Cano y compañía? ¿Por qué ahora, en medio de triunfos militares, un puñado de supuestos defensores de la paz pide acuerdos humanitarios con delincuentes?
Ese lenguaje incendiario, de la más rancia catadura anticomunista, cala en el electorado más afín a las obsesiones uribistas. Es también un show mediático: que la gente sepa que el solio de Bolívar es ocupado por un duro. Y que un tipo así, con pantalones, merece gobernar por tercera y cuarta vez, porque el hombre, de ñapa, es irreemplazable.
El asunto de fondo es que siguen activados los dispositivos de la guerra sucia. Hay un juego perverso a varias bandas: en la capital, una “democracia de opinión”, como la califica Uribe, al mismo tiempo hostigada por él mismo. Y en las regiones, bala limpia, confrontación abierta, liquidación de los supuestos “colaboradores” de los bandoleros o de los militares…
A propósito: el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, tiene la certeza de que las Farc masacraron a 17 indígenas de la comunidad Awá. Yo le creo. Es un crimen de lesa humanidad. De un perturbador desprecio por la vida, indicador preciso de la descomposición moral de la insurgencia. Además de pedir justicia y castigo, hay que redoblar los esfuerzos para que cesen estos actos de guerra contra la población civil. Como lo son el secuestro o la desaparición forzada. Dos caras de una misma moneda.