Dijo Obama en Oslo, en su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz: “Cada vez más, todos enfrentamos las preguntas difíciles acerca de cómo evitar la matanza de civiles a manos de sus propios gobiernos, o detener una guerra civil en la que la violencia y los padecimientos pueden hundir toda una región”.
¿Se habrá hecho Obama esa misma pregunta al conocer la tragedia humanitaria que padece Colombia, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, o su guerra endémica, que ha terminado por involucrar a sus vecinos?
Más adelante, el presidente de Estados Unidos se refirió a lo que inspiró a quienes redactaron la declaración universal de los derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial: “Como resultado de la devastación, ellos reconocieron que si los derechos humanos no son protegidos, la paz es una promesa ilusoria”.
¿Cómo conciliar la anterior frase, con el apoyo que la actual administración estadounidense le está dando a un gobierno corrupto, que ha hecho de la paz, no una promesa vana, sino una excusa para perseguir a quienes la buscan desde la sociedad civil?
Ya casi al final de su aclamado discurso, afirma lo siguiente: “Es sin duda cierto que el desarrollo muy raras veces echa raíces sin seguridad; pero también es cierto que la seguridad no existe donde los seres humanos no tienen acceso a buenos alimentos, agua potable, o a medicinas que requieren para sobrevivir. (…)La ausencia de esperanza deteriora a una sociedad desde su interior”.
El mayor porcentaje de los ocho mil millones de dólares que ha recibido nuestro país del Plan Colombia, ha sido para echarle leña al fuego. Nuestra seguridad es de mentiras cuando se constata que la miseria crece en proporción directa al paternalismo electorero; los militares norteamericanos, provistos de sofisticadas armas de combate y de avanzada tecnología para perseguir al enemigo, no son motor de desarrollo social o político.
¿Cuál es entonces la estrategia de la Casa Blanca frente al caso colombiano? Todo parece indicar que cuando Obama escribió el aplaudido discurso que pronunció en Noruega, no se le pasó por la cabeza, ni de peligro, pensar en cómo sus acciones en Colombia han afectado de manera negativa a toda la región. Utilizar bases militares para montar una plataforma de supuesta ofensiva contra el terrorismo y el narcotráfico, no es una guerra justa. Es la vieja fórmula de la intervención, con nuevos ropajes. A través de sus tropas y de sus asesores, Estados Unidos y nuestra clase dirigente oportunista, le apuestan una vez más a la superación del conflicto armado por la vía de la confrontación abierta y sin tregua. Creen, tal vez, que de esta manera se abrirá un camino cierto hacia la paz.
No hay tal. El diálogo volverá cuando de nuevo nos pongamos a las puertas de ser un Estado fallido, incapaz de detener la violencia desatada. Cuando tengamos un incendio de grandes proporciones y las clases medias urbanas regresen de su egoísmo cerril, y vuelvan a sentir el pánico de las atrocidades a pocos metros de sus casas.
Tengo la esperanza, sin embargo, de que el nuevo subsecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela, conocedor a fondo de la región, influya en el gobierno de Obama para que la carta diplomática se ponga sobre el tapete. Para que este nuevo premio Nobel de la Paz entienda que nuestro gran sueño, el de las mayorías, es desterrar para siempre el uso de la violencia para cualquier fin. En nuestro suelo, presidente Obama, la guerra no ha sido una necesidad sino una dolorosa necedad generada desde arriba y perpetuada por todos los ejércitos, legales e ilegales.