AFIRMAR QUE LA PAZ ES UN DEREcho ciudadano, conculcado por los actores armados ilegales, como lo asevera el senador Gustavo Petro, es hacerle trampa a la historia.
De un tajo, izquierda y derecha, bajo esa óptica, terminarían en el mismo llano: la guerrilla en Colombia es un grupo de facinerosos al que se debe derrotar, por la vía armada o política, siempre bajo la premisa de que, al ser una minoría terrorista, no representa a nadie, y no expresa nada distinto que su propia descomposición.
Petro habla de “conflicto armado”, como por no dejar, porque podría prescindir sin problema de ese concepto. Plantear que “al tiempo que (el Polo) implementa su política de paz, mantiene el esfuerzo militar y ciudadano para aislar y derrotar a los actores de la violencia”, es desvirtuar por completo la razones, incluso, por las que el M-19, en 1982, propuso el gran diálogo nacional y amnistía sin entrega de armas: cualquier proceso de paz, cualquier reforma política y económica de fondo, debía contar con la guerrilla, al ser ésta expresión de un conflicto histórico no resuelto.
Pero es más: a pesar de su derrota militar, la participación de la AD M-19 en la Asamblea Constituyente de 1991, fue posible porque se había echado a andar un proceso en el que las huestes de Pizarro, ya en la legalidad, pudieron participar con gran protagonismo político. Habría que refrescarle un poco la memoria al senador Petro, y pedirle que nos explique por qué en el mismo día de las elecciones para elegir constituyentes, el gobierno liberal de César Gaviria bombardeó Casa Verde. Y por qué, después de expedir la nueva Constitución, hemos vivido de tragedia en tragedia, sin un solo día de tranquilidad.
Nunca habría imaginado el ex presidente Belisario Betancur que un camarada de Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina (comandantes del M-19 que, además, llevaron la vocería de las negociaciones con ese gobierno) terminara, con el correr del tiempo y de la sangre, repitiendo las mismas palabras con las que miembros del establecimiento descalificaron los esfuerzos de paz del llamado en ese entonces Lenin de Amagá. Betancur tuvo que afrontar grandes incomprensiones y ataques, de frente o a mansalva, por querer negociar con, según decían, un grupito de extremistas que, sin razón alguna, se había alzado en armas contra el Estado. Los cambios, para los enconados adversarios de Belisario, había que hacerlos en el Congreso, con senadores y representantes elegidos por el pueblo, no con asesinos.
Hay más sorpresas. La tesis de hacer reformas para quitarle justificación y oxígeno a la subversión, esgrimida por el ex guerrillero, es un discurso recurrente de la derecha colombiana, que siempre termina por preferir la bala y dejar las dichosas reformas para más tarde. Y cuando las hace, son tan sin dientes, que se convierten en leyes que van a parar al basurero de la historia.
Petro, con esta pirueta ideológica, cree que la izquierda puede abrir las compuertas para una gran alianza progresista que derrote a Uribe. Qué paradoja: mientras estos líderes del Polo se van por las ramas, la liberal Piedad Córdoba lucha por el acuerdo humanitario y, por su sana terquedad, más la del grupo de intelectuales, el secuestro podrá llegar a su fin como arma de guerra.
Al final, ¿dónde está la crisis? ¿En el Polo como organización? ¿O más bien en las actitudes políticas de Petro o de Garzón? ¿Quién pierde si ellos deciden dejar su partido o armar una disidencia?
Mientras tanto, Petro propone que el Polo sea el partido de la Constitución de 1991. Hace unos días afirmó que él se había alzado en armas contra la dictadura de 1886, y seguramente también contra Núñez y la ley de los Caballos. Si es así, el problema de Petro es de origen: empuñó los fierros para combatir a un fantasma.