En su columna de hace ocho días, Daniel Coronell abre una conversación sobre el futuro más cercano, en el que “solo habrá paz si se garantiza la supervivencia de quienes dejen las armas”.
Nos recuerda la trama de Guadalupe Años Sin Cuenta, obra de teatro sobre el asesinato del excomandante de las guerrillas liberales del Llano, Guadalupe Salcedo, a manos de las Fuerzas Armadas después de haberse firmado el cese al fuego y la paz.
La columna esculca entre la violencia partidista desatada a mediados de los 40 para alertar sobre la vulnerabilidad del proceso de desmovilización, ante la posibilidad de revanchas oficiales y rearmamentos subversivos. Destaca, como catalizadoras de aquellas retaliaciones, “la pugnacidad política y la sed de venganza”. Estas, según afirma, se desprendían de procesos de radicalización de los directorios liberales y conservadores, de la iglesia católica nacional y de la población enfrentada.
La radicalización ideológica. La hostilidad política. A ambas lecciones recientes contadas en la columna, podría sumarse una tercera que precede y sucede a los Laureanos y los Builes. Una lección que asusta y gira en torno a los ejércitos particulares. La seguridad privada como derecho de cada élite legal o ilegal, de provincia (o bogotana finquera), puede rastrearse en los años 30.
Lo que ha sido narrado como una antesala a la confrontación entre partidos tras la Hegemonía Conservadora fue, en algunas regiones, un combate entre cuadrillas, no políticamente apasionadas sino defensoras de los intereses puntuales de quienes se resistían a compartir latifundios, pagar impuestos, acatar leyes o incorporar cambios. Cuadrillas y financiadores aprovecharon el desorden inaugurado en campañas electorales, para mostrar fuerza. Pese a su carácter legal, los llamados Resguardos Departamentales, encargados de cobrar rentas sobre el trago, se comportaron además como mercenarios del mejor postor.
El departamento de Norte de Santander, que ya alojaba coreografías de contrabando, soportó enfrentamientos entre grupos al servicio de comerciantes sin frontera. “La efervescencia política motivada por asuntos electorales, ha sido capitalizada para vengar rencores personales y vencer en la competencia comercial que de manera crudelísima se ha establecido en varias poblaciones de la región”, informó el juez Antonio Santamaría, enviado a la zona desde Bogotá en 1932. Sin quedarse atrás, los Resguardos oficiales ejecutaron tantos mandados de seguridad privada que fueron despojados de sus armas por la Asamblea (“Prohíbanse a los resguardos de Rentas Departamentales portar armas de precisión como Grass, Mauser, carabina. Los elementos de guerra de que disponen actualmente serán depositados por riguroso inventario en los juzgados”).
Durante ese mismo año, oficiales enviados por el gobierno central a la provincia de García Rovira en Santander, describieron el patrullar de ejércitos privados que sin reparos de lealtad política desplazaban al campesinado para hacerse a sus parcelas. Se notificó que los “precarios ejércitos” aprovechaban los movimientos del Ejército en antesala de las elecciones para invadir veredas, llevar a cabo saqueos y agresiones sexuales. Uno de los informes, firmado por el capitán Carlos Matamoros en 1932, advertía sobre la participación en estos grupos de antiguos miembros del Ejército, por lo que conformaban “escuadrones entrenados y organizados”.
Pulularon por estas y otras regiones (en esa y muchas otras ocasiones) hombres que contrataron grupos armados a su medida, acabando con cualquier posibilidad de reforma que los perjudicara. Existieron así ejércitos que ofrecieron seguridad al detal y al mayor. Esta también es una metáfora en la que (en palabras de Coronell) “podemos mirarnos hoy”.