No es legal manejar la inconformidad con tragos encima. Ni una cerveza, ni dos. Ni un aguardiente, ni nada.
A la protesta en Colombia se la sazona con ley seca. Pero no a todas las protestas, ni en toda Colombia. Sólo los paros cívicos o las huelgas laborales, en barrios populares, centros de ciudades, municipios varios, sitios de minería.
Informa la radio que en Boyacá “el paro ha generado incertidumbre, debido a que los antecedentes que se tienen han sido de protestas con dificultades de orden y afectación a la movilidad”. Por esto, nos explican, “se estableció ley seca desde ayer y hasta mañana a las 6 de la mañana”. Obreros, paperos, cebolleros, lecheros, estudiantes del SENA, ecologistas y magisterios se unieron en paro nacional el jueves que pasó. Y como en Boyacá, en Huila se prohibió la venta de bebidas alcohólicas.
“En municipios del Huila las alcaldías han decretado la ley seca para evitar actos violentos”, recitó un noticiero. La Alcaldía de Bucaramanga dio esta instrucción: “no se podrán consumir bebidas alcohólicas entre las 6 p.m. de este miércoles hasta las 10 p.m. del jueves 17 de marzo. Quien no cumpla con estas medidas deberá pagar dos salarios mínimos”. En Mocoa, en Caucasia, en ciudades del Caribe, se clausuraron las tiendas esta semana.
¿Qué hará esta gente borracha con su frustración o su rabia? La aprehensión que despierta esta pregunta es tan vieja como las primeras huelgas. En su trabajo sobre ciudadanía y leyes, las profesoras Catherine Legrand y María Teresa Uribe desentierran debates sobre la huelga y el desorden en los años veinte. Nos explican cómo mientras había cierto consenso sobre la importancia del voto y de las políticas estatales de vivienda obrera, la protesta organizada y las demandas puntuales cultivaban los peores miedos (a la sublevación y al desorden, al enemigo interno y la sedición). Así, las fronteras entre el crimen y la protesta eran fluidas y el paro en las ciudades era entendido en un campo semántico de destrucción y barbarie.
A través de los treinta, los cincuenta, entrando por el Frente Nacional (y en una herencia de estados de excepción) distintas leyes y medidas premiaron al buen trabajador, agradecido y tranquilo. Aborrecieron, en cambio, el escándalo y la bulla, el recuerdo del Bogotazo, a los resentidos, constructores de invasiones, mariguanos y “apóstoles del desorden”, en general.
Empresas prometían a sus trabajadores casa, servicios públicos, liga de fútbol con uniformes, si estos a cambio renunciaban a las aglomeraciones y los sindicatos, a los pliegos o los equipos propios. Esta dinámica (tan latente en las casas de Vargas Lleras) siembra tensiones, pues, como nos enseñan Legrand y Uribe, les roba la agencia a quienes tienen motivos para protestar. Como “desastre moral y económico” era calificada la huelga ayer y es calificada hoy. Cada paro, cada huelga, cada demanda autónoma se asocia inevitablemente con la amenaza a una mentada y sagrada paz social. La desconfianza contra las dignidades, los mineros o los camioneros es pulpita y se materializa con la ley seca.
Siempre aparece la pregunta como un reflejo ¿Qué hará esta gente borracha con su frustración y su rabia?