Era comienzo de 1975 y la prensa narraba el proceso de consolidación del movimiento indígena. Por una parte, se describían las luchas de las comunidades, cuyos reclamos excedían el derecho a la organización e incluían un pleito por la propiedad de la tierra contra poderosos actores religiosos que amasaban el fruto de robos celebrados en días coloniales. Coconuco, explicaban las noticias, era escenario de la “disputa de los indígenas por obtener la devolución de tierras suyas en manos de la Arquidiócesis de Popayán”. En Puracé, la pelea era contra los legados de la actividad minera (“Indígenas paralizaron las minas de azufre que han esterilizado centenares de hectáreas del resguardo de Puracé con su contaminación sulfhídrica”, describió un corresponsal). Por su cuenta, grupos en Toribío, Caldono y Tacueyó avanzaban en “acciones de control territorial”. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reunía en aquel momento alrededor de 30 agrupaciones de los pueblos nasa (paeces) y misak (guambianos).
Para entonces, algunos columnistas y activistas alertaron sobre la represión del movimiento, que implicó no solo la militarización de Toribío, sino también los continuos acosos y las detenciones arbitrarias. Los líderes indígenas Guillermo Museque, Ramón Jugue y los hermanos Amonio y Lino Mesa fueron torturados por el Estado en cabeza del F2. Y ya desde aquellos días se oían rumores en periódicos regionales sobre el accionar de cuadrillas antisubversivas privadas financiadas por terratenientes que contribuían, en comunión con la Fuerza Pública, a la represión cotidiana. Así mismo, en la correspondencia oficial de aquella década toda acción o palabra de los pueblos indígenas del Cauca era asumido como parte de los planes expansivos de las Farc.
Según datos oficiales, solo en la segunda mitad de 1974 (descrita en los comunicados del CRIC como “un período de verdadero imperio del terror”) fueron asesinados más de diez dirigentes indígenas en el norte del Cauca. En 1975 estos atropellos en contra de los líderes encontraron su máximo eco en las acusaciones lideradas, entre otros, por “don” Víctor Mosquera Chaux, exgobernador del Cauca, exministro de Justicia, embajador ante las Naciones Unidas y el Reino Unido (y quien en los años 80 ocuparía momentáneamente la silla de presidente legada por Turbay Ayala). Mosquera, que lideró siempre al pequeño grupo de terratenientes caucanos que aprovechaban contactos buenísimos con Bogotá, equiparó cualquier trabajo del CRIC con los “planes subversivos” de las Farc.
Han pasado casi 45 años y pese a los cambios estructurales que sembró en el país la movilización indígena e inauguró la Constitución de 1991, contamos hoy con varias coincidencias. Estas, en parte, surgen de la continuidad en la represión que se mantuvo intacta y empeoró a causa de varias masacres, debido al accionar de las mismas élites terratenientes de antaño, sazonadas en varias décadas de convivencia o colaboración con el aparato paramilitar del sur del país. Juan José Chaux Mosquera, por ejemplo, fue representante, concejal, director de la Corporación Regional del Cauca, uribista celebrado, embajador en República Dominicana y gobernador del departamento (además de señalado por paramilitares de participar activamente en el proyecto que buscaba “refundar la patria”; un “jefe político del Bloque Calima”).
Enfrentados a un clima de contrarreforma agraria que ha agrietado la organización, acosados por la presencia frecuente del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) y los asesinatos selectivos, el movimiento se prepara para un año difícil. Como dice un reciente comunicado: “Los pueblos indígenas del norte del Cauca, en ejercicio de la autonomía, realizarán acciones de control territorial para detener la ola de violencia que se está presentando en sus territorios”.