Hace un mes reproduje información del Instituto Nacional de Salud, INS, según la cual el agua de Manizales presentaba niveles altos de E. Coli. Frente a esto, el subgerente técnico de Aguas de Manizales me suministró pruebas de que el agua de ese acueducto es completamente apta para el consumo humano. Por consiguiente, rectifico.
La confusión se presenta por la forma como se publican los resultados del seguimiento a la calidad del agua. En palabras del subgerente: “Se encuentran municipios que aunque tienen agua de muy buena calidad en el casco urbano, aparecen con índices de riesgo alto puesto que estos buenos resultados se promedian (aritméticamente) con los de mala calidad en las zonas rurales del municipio (prestados por empresas de acueducto diferentes)”.
Una aclaración idéntica hizo hace poco el director del INS al terciar en el debate sobre la supuesta contaminación del agua bogotana: el agua de la cabecera no evidencia presencia de E. Coli y el malentendido se debe a que estos microorganismos sí están presentes en las aguas proporcionadas por “otros prestadores del área rural del municipio, para iguales períodos”.
No hay contaminación alguna en las ciudades de Bogotá o Manizales, se afirma con contundencia. La contaminación está en “el resto”, que es como se denomina al área rural circundante a un municipio “que está por fuera del perímetro urbano”.
Tal constatación debería proporcionarnos sosiego. Después de todo las ciudades son las más pobladas, productivas y dinámicas. Demandan agua potable. Sin embargo, hay algo profundamente cínico en toda la ecuación. ¿Quiénes son “el resto”? ¿Por qué si cuentan, para algunos efectos, como parte de la ciudad, no tienen los mismos derechos? ¿Qué agua toman estos barrios “rurales” que abrazan la ciudad? ¿Qué tan contaminada debe estar como para “echar a perder” el promedio del agua purísima de las “cabeceras”?