Frank Ramírez murió hace unos días en la Marly de Bogotá. Su papel como doctor Romero, el apoderado de los inquilinos de la Casa Uribe, carga la “Estrategia del Caracol”. La conduce, la hace familiar.
Entre otros sobreactuados o caricaturescos personajes de la película, el creado por Ramírez cala por la tranquilidad de sus pausas, por sus bigotes, por su caminado. Por la certeza en sus frases, el malgenio en sus ojos y el movimiento de sus manos. Cala además porque representa con matices (y sin esencialismos ni ridiculeces) a un personaje neurálgico de la ciudad colombiana.
—¡Ni siquiera se ha graduado! —le reclama un vecino en una de las primeras escenas. —Sólo me falta la tesis —le explica Romero—. Pero aunque no lo sea todavía, yo estoy hecho pa pensar como abogado. Durante la película tiene tres interacciones con el Estado. En la primera señala la injusticia de la que son víctimas en un memorial: una inquilina reclama legítimo derecho sobre la propiedad que ha habitado por más de 50 años. Sin embargo, por obra de una suerte de cartel de testigos, Romero no logra probar el término de la prescripción. Así, en la segunda, y cuando les quedan 10 días para abandonar la casa, decide pasar al sabotaje y cambiar, a escondidas, entrada la noche, la nomenclatura de la casa. —Objeto la diligencia —dice la siguiente mañana—. La dirección no corresponde a la casa. En la última interacción, Romero busca que le den algunos días de plazo para abandonar la casa y se mete a la fuerza en la oficina del juez Díaz. Pese a que acostumbra guardar distancia respetuosa con la autoridad judicial, la situación es desesperada. Y tal vez ha perdido el respeto por el juez Díaz, quien a lo largo del proceso aceptó una invitación a almorzar sushi con la contraparte.
Romero es un trabajador informal. Recibe a sus clientes debajo de un parasol, en el bordillo de la calle. No tiene tarjeta profesional (aunque seguramente tiene tarjeticas de presentación). No da facturas y sus servicios no tienen precios fijos. Su rutina laboral no tiene forma precisa, ni deja rastro. No paga arriendo para su oficina, ni impuestos sobre sus honorarios. Usualmente la informalidad se define como un conjunto de actividades productivas que, por fuera de la legalidad y sin regulación, desafían las instituciones del Estado. Es en este punto en el que hay una particularidad. Pues Romero y tantos otros asesores jurídicos de oficio, trabajando cerca de los juzgados en la ciudad, ejercen informalidad para imitar formalidad. Esta es la paradoja del perro Romero: trabajar fuera de la legalidad pero a la vez copiarle todo. Copiarle la ropa, el saludo, los acartonamientos del lenguaje, la forma de escribir y la obsesión por las fotocopias ampliadas de la cédula. Seguirle el paso al baile de la ley. Que se compone tanto de intentos por darle sentido y cumplimiento a códigos y actualizaciones, como de almuerzos con Díaz (y cocteles con Pretelts).
El Romero de Ramírez captura también nuestra tendencia a abrazar la ley. A leerla, subrayarla y agarrarnos de ella como si se tratara de lo único cierto. Por eso la ofrecen los vendedores ambulantes y es número uno de la piratería (junto con el álgebra de Baldor). Refleja también a los miles de colombianos que pasan los días en las bibliotecas públicas esculcando códigos para presentar una tutela, buscando incisos en internet para ayudar a la tía.
Al señor Ismael, que en la biblioteca piloto del Caribe trabaja todas las semanas en hacer un memorial para reclamar por su pensión. Esta columna también es sobre él.