En lo que concierne a las relaciones entre criminalidad y política muchas cosas han cambiado durante las últimas décadas.
Se han encadenado aprendizajes políticos y criminales, relevos generacionales, transformaciones internas de partidos, ejércitos y negocios ilegales (en varias escalas). Han tomado importancia innovaciones tecnológicas en comunicaciones o espionaje. Así, sentencias del tipo “partidos en bicicleta estática” o “narco para cleptocracia” tienen poco poder explicativo. Sin embargo, un repaso por algunas de las faltoneadas clásicas (de políticos a criminales) puede contribuir a la reflexión pre electoral. Tres de estas sobresalen debido al alto perfil tanto del político que directa o indirectamente participa, como del grupo de criminales implicados y de los distintos intermediarios.
La más famosa es la del proceso 8.000. El Cartel de Cali otorgó sumas a intermediarios que trabajaban en la elección presidencial de Ernesto Samper. Varios de los investigados se defendieron afirmando que “todo el mundo” lo venía haciendo y de hecho la campaña presidencial inició en un contexto de desprestigio de la política, o mejor de los políticos. En palabras escritas en medio de la campaña de Samper por el entonces director de la misma, Fernando Botero Zea: “para la opinión pública, los políticos constituyen de lejos el sector más desprestigiado de la sociedad, por encima incluso, y por amplio margen, de los narcos y los guerrilleros”. Samper, que nunca admitió conocer el pacto, fue especialmente implacable con el cartel bajo la estricta vigilancia de gringos.
Otra fue la protagonizada por los paras. Tras años de trabajo conjunto, ejércitos paramilitares comenzaron a distanciarse de la política bipartidista, logrando un control más directo: amenazando y asesinando candidatos, apoyando o fundando tercerías y tejiendo el entramado que se conocería como la “parapolítica”. En el nivel nacional, algunos jefes del paramilitarismo dicen haber apoyado las aspiraciones y proyectos de ley impulsados por Uribe Vélez, en la antesala de Ralito. Al final del día Uribe, que nunca admitió conocer ningún pacto, extraditó a la cúpula paramilitar por narcotráfico.
En un escenario distinto, hoy los estafados son cuatro criminales poderosos (Diego Rastrojo, Cuchillo, el Loco Barrera y Comba), quienes afirman haber entregado una suma a intermediarios que trabajaban para la campaña de Juan Manuel Santos. A cambio, al igual que el cartel de Cali y la cúpula paramilitar, querían negociar procesos de extradición. Aparentemente alguno de los intermediarios se quedó con el soborno y el presidente, que fue consultado sobre la petición de los narcos, no les prestó ninguna ayuda.
Son casos distintos: diferentes coaliciones en el poder, un Partido Liberal menos poderoso. Los narcos de hoy, por lo demás, distan mucho del Cartel de Cali del noventa y cuatro (y los paramilitares están en categoría aparte). Sin embargo, dos constantes llaman la atención. La primera es que los pactos entre criminales e intermediarios se hacen en un contexto de gran desprestigio de los políticos (la gente sabe de antemano que un medio criminalizado no producirá políticos angelicales). Y la segunda es que conforme se pacta cualquier cosa con el crimen, de cara a la opinión pública la actitud hacia los criminales se endurece. Entre tanto, la política de sometimiento a los dictámenes estadounidenses contra las drogas permanece intacta.