En distintas partes del país y hasta por fuera de él, los colombianos tenemos contacto rutinario con funcionarios, entidades o fuerzas de seguridad.
Estos encuentros cotidianos y menudos (y los efectos que producen) nos dicen algo sobre el ejercicio de la ciudadanía y las formas de relacionarnos con el Estado. Tres situaciones puntuales que han sido objeto de noticias durante esta semana obligan a reflexionar sobre las relaciones de las personas con los representantes estatales.
En la primera entran en contacto un estudiante adolescente y un funcionario que desde Bogotá lo acusa de fraude. La relación se da a través de una carta. En realidad no es uno, sino 1.042 estudiantes de varias regiones del país que han sido acusados de fraude en las pruebas Saber presentadas el pasado 3 de agosto. De acuerdo con la oficina jurídica del Icfes, “los jóvenes habrían hecho copia por lo que los resultados que obtuvieron en la prueba no corresponden a la realidad”. Frente al caso, el rector de uno de los colegios investigados, en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, ha solicitado la intervención de otro funcionario (de la Defensoría del Pueblo) para que proteja los derechos “del joven de escasos recursos que quiere ingresar a la universidad”. Todo esto en un contexto en que la universidad pública no es gratuita y al estudiante se le ha pedido de distintas maneras ser el mejor o quedarse sin ninguna ayuda.
En la segunda se encuentran una mujer bumanguesa de 25 años, estudiante de derecho en Bogotá, y los reguladores de la salud. Este encuentro está mediado por importantes actores. Primero por una EPS que con demoras y papeles arriesgó la vida de la mujer, y después por los medios de comunicación que hicieron eco de su caso y definieron la situación. En un comienzo la injusticia, expuesta con textos, fotos e insistencia por la mujer a través de su blog y vía Twitter, ameritó que la escogieran (a ella sola entre cientos) para una “solución W”. Esto garantizó apoyo masivo y pronta respuesta de los funcionarios indicados. Sin embargo, cuando la mujer quería seguir recibiendo tratamiento en el exterior, desconfiada con razón del tratamiento que ya le habían demorado adentro, los mediadores entre ella y el estado cambiaron de parecer. “¿Por qué nadie la acusa a ella de poner en peligro el sistema de aseguramiento de todos? ¿Acaso ella no está pidiendo algo que es abiertamente ilegal?”, pontificó un columnista que antes la defendía. La indignación subió y bajó, y quedaron claros los límites, problemas y trampas de este tipo de mediaciones.
En la última situación se encontraron una mujer de 76 años y un grupo de policías. Todo fue en un barrio popular de Tumaco en la tarde del 13 de noviembre de 1998. En este caso la reacción de la mujer al encuentro con los representantes del Estado fue física. Los policías entraron a su casa buscando una moto que había sido hurtada. La señora argumentó que “allí no había nada raro”. Durante la operación de allanamiento sintió mareo y “cayó al piso debido al impacto nervioso”. Los policías se fueron y a la señora la llevaron a urgencias, en donde murió de un paro cardiaco. Por el caso, el Consejo de Estado acaba de condenar a la nación tras establecer que “los uniformados se equivocaron de dirección del domicilio” y realizaron el allanamiento sin orden judicial.