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Furia de San Pedro

23 de noviembre de 2011 - 06:00 p. m.

Hacia 1926, durante la administración de Pedro Nel Ospina, se construyó la primera obra para mitigar inundaciones por iniciativa del ministro de Obras Públicas, Laureano Gómez.

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En el mundo se afirmaba que la mejor forma de tratar con inundaciones era la construcción de obras de ingeniería como jarillones o diques. La prensa local de la época describió los desbordamientos como “debacle natural”, “ruina por lluvias”, “hecatombe de las aguas”.

En 1979 se registraron inundaciones y deslizamientos a lo largo del país. El presidente Turbay y su ministro de Obras Públicas, Enrique Vargas, invirtieron en muros de contención y diques. En el mundo se discutían los aportes de Gilbert White, quien afirmó que la forma tradicional de afrontar las inundaciones era cara y hacía poco por atacar el problema de fondo (fundamentalmente humano) y propuso concentrarse en la mejor planificación del uso del suelo. La prensa local tituló los sucesos como “Gran calamidad”, “San Pedro nos azota con rigor”, “El ímpetu mortal de las aguas”.

Tras el saldo nefasto de 2010, el presidente Santos lanzó la campaña Colombia Humanitaria para rehabilitar regiones y construir obras de contención de aguas. Hoy vuelve a llover, las casas se caen, las vías colapsan. El ministro de Transporte, Germán Cardona, señala qué puede hacerse frente a la emergencia. Los medios nacionales titulan: “el invierno destruye”, “el invierno nos bloquea”. Al aire, un prestigioso locutor pide a dios que “pare de hacer llover”.

Tal vez sea hora de dejar de referirnos al invierno como castigo divino, monstruo con voluntad propia. Quizá valga la pena no hablar más de emergencia natural. Hoy está claro que el desastre no es inesperado, natural (ni sobrenatural). Por el contrario, se debe a factores humanos y precisos: muy poco control sobre el uso del suelo, falta de mantenimiento a diques y jarillones, negligencia en políticas de reforestación, insuficiente regulación de presas, descuido de la infraestructura durante el gobierno Uribe e irregularidades en la contratación pública.

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