En el contexto de las negociaciones de la Habana se ponderan los distintos problemas nacionales.
Algunos insisten en la importancia de la restitución de tierras. Desde una orilla distinta se afirma que lo importante es no perder el tiempo en trabajosas soluciones agraristas, sino concentrar esfuerzos en mejoras en educación. Para unos debe priorizarse una discusión sobre política agraria. Para otros una sobre vida justa para las generaciones citadinas. Es posible, tras las declaraciones del presidente Santos en Francia, introducir el futuro de la policía rural dentro de esta conversación.
Puede pensarse que este es un debate árido (¿por qué hablar de policía rural si un 76% del país vive en las ciudades?). Sin embargo, y más allá de la coyuntura de la futura desmovilización, el dilema de la policía rural está en la pepa de tantos acuerdos pendientes. Pues la tendencia de empresarios y terratenientes a pagar grupos de seguridad privada rural (en lugar de impuestos) está conectada no sólo a los conflictos agrarios, sino al paramilitarismo y a los distintos desplazamientos forzados. Proyectos para uniformar y controlar a cuadrillas armadas al servicio de intereses particulares rurales han existido en distintos periodos. Fueron, por ejemplo, habituales durante la hegemonía conservadora y —sobretodo— en la República Liberal.
A comienzos del siglo Carlos E. Restrepo reintrodujo las policías subnacionales (que se habían licenciado durante la guerra civil) y José V. Concha permitió a los departamentos y municipios crear sus propias policías, en una Colombia predominantemente rural. Existía entonces una pequeña Policía Nacional, que dependía del Ministerio de Gobierno y se ocupaba principalmente de Bogotá. Los gobiernos departamentales y locales costeaban y tenían control sobre sus propias policías y existía además la Policía de Resguardos, que se ocupaba de controlar el contrabando. Tanto Olaya Herrera como el primer López Pumarejo, trataron de fiscalizar estos cuerpos heterogéneos en una sola y pública Policía Nacional. Sus esfuerzos no tuvieron efecto y las distintas facciones rurales no sólo continuaron defendiendo causas específicas, sino que se vieron enfrentadas entre sí.
En informes enviados por funcionarios al presidente Olaya Herrera durante los dos primeros años de su gobierno, puede verse cuáles fueron las principales cuatro estructuras armadas que entorpecieron la reforma de la policía rural. Y una mirada a estas estructuras puede contribuir al debate sobre el presente. Primero, las policías políticas locales organizadas por los Concejos: si este último era de mayorías liberales (como en el caso de Caldas, Boyacá) la policía atacaba a los conservadores y si, como en el caso de Maripi, se trataba de un Concejo conservador, se denunciaba la represión hacia los liberales. Segundo, las milicias de catolicismo armado. Tras haber decomisado cientos de fusiles (“grasses”) dentro de la casa cural, el jefe de detectivismo informó desde Pangote, Santander que “el principal agitador del pueblo es el cura párroco con su hoja periódica que antes se llamaba Hojita Parroquial y ahora se denomina Lucha y Defensa”. Tercero, los Resguardos, campesinos armados por el propio Estado que les delegó autoridad, pero cuyos excesos se le hicieron incontrolables. Desde Norte de Santander se alertaba al ministro de Gobierno sobre sus prácticas electorales “vímoslos apostados en esquinas listos disparar con grasses sobre grupo conservador”. Finalmente estaban los grupos de seguridad privada al servicio de los “contrabandistas” (muy fuertes en Norte de Santander, Arauca y Guajira) y los “bandidos” (fuertes en el Occidente de Boyacá).