Hace unos años, en 2013, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo denunció amenazas de muerte contra la Escuela de Formación Sandra Rondón Pinto.
La organización, promotora de educación popular en el Magdalena Medio, recibía correos amenazantes del grupo “Barranca Limpia”. Las amenazas, que continuaron, son puntada suelta por la que se descose la historia de cientos de hombres y mujeres defensores de la justicia social que cayeron heridos, presos, muertos o desaparecidos. Hombres y mujeres defensores de la justicia social que intentaron trabajar y vivir, a merced del Ejército o los paras, de la legalidad bipartidista en Bogotá y de las guerrillas.
Sandra Rondón Pinto fue asesinada en 1987 a los 14 años, en el barrio La Torcoroma de Barranca. Días antes había sido testigo del atentado contra tres líderes. César Martínez, entonces concejal por la Unión Patriótica, Alirio Traslaviña, presidente de la coordinadora campesina, y Miguel Castañeda, miembro del Partido Comunista, fueron agredidos con una granada en el barrio La Campana. Grupos de activistas protestaron por la participación de las fuerzas armadas en el atentado, pero una vez acabada la protesta pública, se tomaron represalias contra los testigos. Sandra Rondón murió antes de llegar a la clínica.
En su nombre se convocó una nueva marcha, un “Paro Cívico por la Vida”. Muchos de los organizadores de este paro murieron también. Ese año Barrancabermeja, con su cristo petrolero y barbudo mirándolo todo desde la ciénaga, sobrellevó 250 homicidios políticos. Concejales, abogados litigantes, profesores de colegio, líderes sindicales, del movimiento campesino y femenino popular escogieron no irse al monte y trabajar, desde el paraguas de la legalidad, por distintas causas: el respeto de sus vidas, la reforma agraria, educativa y económica, en una región que mientras producía grandes dividendos contenía al 70 por ciento de habitantes por debajo de la línea de la pobreza.
Los primeros años de la década del 90 vinieron con amenazas similares y peores. Con el tiempo, en lugar de denunciar el accionar de los militares en bluyín, las organizaciones denunciaron grupos paramilitares, que trabajaron en llave con las brigadas del Ejército. Académicos y personajes visibles en la prensa de la capital tomaron distancia de la lucha armada y continuaron su trabajo. Pero activistas y profesores de provincia no pudieron hacer lo mismo. Para los ejércitos antisubversivos ninguna prueba de independencia era suficiente. Las guerrillas llegaban a sus distintas protestas y aprovechaban el trabajo hecho por otros para pescar en calle revuelta, poniendo en peligro a todos los organizadores.
Bajo el eufemismo de “estigmatización de la protesta” se acumularon desapariciones y homicidios. De vez en cuando, activistas y excombatientes que hacían trabajo político sin armas fueron asesinados por la propia guerrilla. Por castigo o por envidia. Ricardo Lara Parada, quien después de abandonar el Eln intentó hacer política electoral con el movimiento FAM, fue uno de los asesinados. Su hija lo explica mejor que nadie: “A medida que he ido reconstruyendo su historia, a través de sus amigos en el monte, en la ciudad, en el exilio, en el FAM e incluso en entrevistas con sus rivales políticos y militares, estoy casi segura de que lo asesinaron porque estaba quitándole base social al Eln, ya que el proyecto social y político del FAM crecía por todo el Magdalena Medio … Por eso lo vieron como un rival político, como una amenaza a sus intereses. También creo que se mezcló esa condición humana de egos, poder, envidia y celos políticos de lo que se empezaba a construir”.