Algo va de las maneras de Álvaro Uribe a las del presidente Iván Duque. Mientras Uribe construyó una imagen de hombre viril (de mano y palabras fuertes, tosco, ajeno a la fiesta en club, austero en el vestir, montador de caballo y de obsesiones antisubversivas), Duque se dejó ver como una alternativa chévere. De acento y espíritu rolo de clase alta, tecnócrata, sazonado en Washington, parrandero, recochero, sin los resentimientos, las obstinaciones o la agresividad de su mentor. Este carácter hizo soñar a varios con la renovación del Centro Democrático y con un periodo de política suave o innovadora.
Un ejemplo de su modo desapasionado y casi siempre banal lo encontramos en los discursos del 20 de julio. “Hay que enfrentar el desafío del presente para construir con fuerza un mejor futuro”, dijo Duque e invitó también a atreverse “a desafiar la política del odio que promueven los profetas de la fractura nacional”. Minutos después se capturó por equivocación un comentario que hizo sobre Aída Abello, vocera de la oposición y sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica. “Qué tal la vieja esa…”, dijo. El episodio no fue más que una confusión en la comunicación, y sin embargo por entre las grietas del lapsus puede verse con más luz el talante del político y su gobierno. Pues ante tantas declaraciones insulsas y actuaciones televisadas inofensivas, el presidente se ha movido por un camino radical y peligroso en que se ahondan las brechas y se consolidan frustraciones para tantos.
Pese a que en su discurso Duque se felicitó por un sostenido crecimiento económico relacionado con su plan de exenciones tributarias al sector privado, el desempleo en el país no ha hecho sino subir desde los meses anteriores al COVID-19. Pese a que algunos sectores promueven un proyecto de renta básica para que cada persona dentro de un hogar pueda recibir una suma para mantenerse a flote, el Gobierno y su ministro de Hacienda, Carrasquilla, optan por el improvisado esquema de subsidios temporales a hogares vulnerables.
Pero sobre todo el Gobierno sabotea tranquilamente el Acuerdo de Paz. Se está ejecutando al año, en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el 1,36 % de lo que debería ejecutarse. Por esto la coca sembrada se mueve y reubica (como lo ha hecho por décadas), y se vuelve más eficiente el negocio (las toneladas de cocaína procesadas en el país van en aumento). Esta semana 900 campesinos cocaleros protestaron en Puerto Asís, Putumayo, contra la erradicación de cultivos. El Gobierno ha aprovechado la cuarentena para acelerar la erradicación: hace menos de un mes una arremetida de la Fuerza Pública en la vereda La Caucasia dejó un campesino muerto. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos no ha despegado y el Gobierno anhela la fumigación con glifosato.
Como en el Putumayo, se hace cada día más difícil la situación en el Catatumbo, pues grupos armados, entre disidencias y paramilitares de siempre, se disputan rutas y territorios tras la salida de las Farc-Ep. Hace ocho días paramilitares asesinaron a ocho personas en Tibú y desplazaron a 430. En Convención, campesinos denunciaron ataques por parte de “un grupo del Ejército”.
Aumentan asesinatos y desapariciones forzadas de firmantes de paz (216 han sido asesinados). El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Santa Lucía tuvo que ser reubicado para que no se siguiera asesinando ni desplazando a los excombatientes. Aumentan las denuncias de violencia del Estado, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. No pasó nada con la Comisión Presidencial de Excelencia Militar que se instaló el año pasado para prever desmanes. Por el contrario, 118 uniformados están siendo investigados por casos de abuso sexual. Aunque Duque y el fiscal Barbosa cuentan que cada día es menor la violencia contra líderes, sólo este miércoles se intentó asesinar al gobernador del resguardo Kwe’sx Kiwe nasa de Jamundí y hace pocos días fue asesinado el líder indígena Rodrigo Salazar. Tenía 44 años.