Durante la última semana se ha recordado con insistencia que Uribe está en el origen de varios problemas nacionales.
Se recalca por ejemplo que el magistrado Pretelt era su “cuota personal” y que el abogado/ganadero conservador publicó un libro para promocionar el referendo uribista de 2003 (que fracasó pese a que apareció hasta en el entonces popular Gran Hermano de Caracol). Asimismo, la negativa del expresidente a participar en la Comisión Asesora para la Paz ha sido considerada un freno de mano para el proceso. La terquedad del expresidente es noticia. Los titulares lo tildan de perpetuador de la “retórica guerrerista” y los menos medidos sacan a relucir la contrarreforma agraria. La pregunta que queda es siempre la misma: “¿qué hacer con Uribe?”.
A todas estas posturas se suma una nota de la revista Semana sobre el reclamo de Uribe a un profesor universitario. Quien filtró la cátedra fue Verónica Jiménez, coordinadora departamental de juventudes del Centro Democrático. Semana inspeccionó los perfiles en redes sociales de Jiménez (de 20 años) y publicó sus fotos posando con Uribe. También escogió fotos de ella sola y fuera de contexto: en vestido muy ajustado u ombliguera. Así, más que una reflexión sobre libertad de cátedra, se usaron 16 fotos de Jiménez para hacer insinuaciones.
Las explicaciones pendientes del expresidente se acumulan. Sobre colaboraciones y concesiones al paramilitarismo; sobre acumulación de tierras; sobre la represión a la movilización social, entre otras finezas. Sin embargo, tanta culpa en una sola y única persona ya parece conspiración. Los problemas derivados de esta tendencia son numerosos. No sólo se simplifican y banalizan procesos que tienen múltiples protagonistas sino que se le da paso a un optimismo engañoso: la peregrina idea que con Uribe fuera de la vida pública (con orden de captura y pidiendo asilo como muchos de sus colaboradores) los caminos ya no estarán empantanados.
El relato de Pretelt encaja en una historia de coaliciones regionales criminalizadas y con amplio poder electoral que participan y construyen cotidianamente la política nacional. Muchas de ellas son anteriores al uribismo y lo sobrevivirán. Están lejos de Córdoba, Cesar o Sucre y se consolidan en Santander y Arauca, en Meta, Valle o Norte de Santander. Son también persistentes las estrategias guerreristas que se salen del margen de la legalidad. El Plan Colombia de Pastrana abrió la puerta a todo tipo de excepciones; el presidente Santos fue ministro de Defensa con margen de maniobra y nunca se opuso a excesos; Vargas Lleras fue ideólogo de la seguridad democrática y la mano firme, y Samper prefirió consentir la aspersión aérea de cientos de colombianos con tal de no renunciar. También existe cierta continuidad en las políticas (y el despojo) de tierras de los noventa e inicios de esta década. Y en algunas zonas como el Cauca (y bajo el mando del ministro Iragorri) el modelo Santos no difiere en mucho del modelo Uribe.
Es más, puede hablarse de ciertas continuidades en el coqueteo. Al respecto siempre ha existido un pacto tácito de silencio sobre la vida privada en las ramas de poder público. Un pacto que ha permitido todo tipo de incoherencias en toldos conservadores, pero que ha evitado también escarnios y la reproducción de estereotipos. Si Semana decide romperlo y abre la puerta no debe hacerlo selectivamente. Pues hay mucho que esculcar en la vida de las altas esferas del Gobierno.